La prolongación de los procesos judiciales no solo posterga una resolución, también profundiza las consecuencias personales, familiares y afectivas para quienes permanecen privados de libertad. El abogado Juan Pablo Mendoza advirtió que el sistema penal desconoce el valor del tiempo en la vida humana y cuestionó el desgaste que implica atravesar un proceso judicial.
La sobrecarga del sistema penal tiene consecuencias que van más allá de las estadísticas, los expedientes acumulados y las demoras en los tribunales. Detrás de cada proceso que se extiende existe una persona cuyo tiempo transcurre en condiciones que, en muchos casos, resultan irreversibles. La privación de libertad no implica únicamente la restricción de la movilidad: también supone la interrupción de proyectos personales, vínculos familiares, relaciones afectivas y oportunidades de desarrollo.
Esta dimensión humana fue abordada por el abogado Juan Pablo Mendoza, integrante del estudio jurídico Duarte Cacavelos, en una conversación con Judiciales Net, en la que reflexionó sobre una de las secuelas menos visibilizadas de la sobrecarga penal: el impacto del paso del tiempo en la vida de las personas sometidas a un proceso judicial.
El profesional cuestionó que el derecho penal no contemple suficientemente una realidad inherente a la condición humana: el tiempo es un recurso limitado y su pérdida no puede ser restituida, incluso cuando posteriormente se obtiene una resolución favorable.
El tiempo como una dimensión ignorada por el sistema penal
Mendoza sostuvo que el sistema penal deja de lado un aspecto fundamental de la experiencia humana al abordar los conflictos desde una perspectiva predominantemente jurídica, sin dimensionar plenamente lo que representa para una persona atravesar un proceso que puede prolongarse durante años.
En ese sentido, expresó: «El derecho penal le da la espalda a una realidad humana que es tajante, que consiste en que los seres humanos no somos dueños de nuestro tiempo».
Su planteamiento pone en discusión una de las consecuencias de la demora judicial: el tiempo que transcurre durante un proceso no es neutral para quien lo enfrenta. Cada etapa procesal, cada postergación y cada espera tienen repercusiones distintas dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el imputado.
El abogado señaló que tampoco se reconoce adecuadamente el valor que implica invertir tiempo en encontrar una salida a los conflictos judiciales, una cuestión que afecta directamente a las personas sometidas al sistema penal.
No es lo mismo estar procesado que permanecer privado de libertad
Uno de los puntos centrales de su análisis fue la necesidad de distinguir las circunstancias de quienes afrontan un proceso penal en libertad de aquellas personas que cumplen una medida privativa de libertad.
Aunque ambas situaciones implican estar sometido a un proceso, sus consecuencias cotidianas son profundamente diferentes. Para quien permanece recluido, la extensión del juicio representa una afectación que excede ampliamente la espera de una sentencia.
Al respecto, Mendoza explicó: «Sabemos que son circunstancias absolutamente disímiles los procesados que se encuentran cumpliendo medidas, respecto a aquel que está privado de su libertad».
La privación de libertad condiciona múltiples dimensiones de la existencia. Limita la posibilidad de compartir con los seres queridos, desarrollar actividades, sostener relaciones afectivas y continuar con los proyectos personales que forman parte de la vida fuera de los muros penitenciarios.
En esa línea, el profesional advirtió que el encierro no debe analizarse exclusivamente desde la restricción ambulatoria, sino también desde el conjunto de oportunidades y experiencias humanas que quedan suspendidas mientras se prolonga la situación procesal.
La prolongación del juicio profundiza el daño
La duración de un proceso penal adquiere una dimensión particularmente gravosa cuando la persona se encuentra privada de libertad. Cada día adicional de reclusión profundiza las limitaciones que ya impone el encierro y amplía el impacto sobre su entorno familiar y social.
Mendoza puso especial énfasis en las distintas dimensiones que quedan comprometidas durante ese tiempo: «El que está privado de su libertad tiene no solo la limitación de su movilidad, está limitado en ver a su gente, a realizar su proyecto de vida, su creatividad, su vinculación afectiva».
La reflexión expone una problemática que suele quedar relegada en las discusiones sobre eficiencia judicial. Mientras los expedientes avanzan o permanecen pendientes de resolución, las personas continúan atravesando experiencias que no pueden recuperarse mediante una sentencia posterior.
Por eso, la demora no puede considerarse una cuestión meramente administrativa. Cuando existe privación de libertad, el tiempo procesal también se convierte en tiempo de vida transcurrido bajo restricciones que afectan la autonomía, los vínculos y las posibilidades de realización personal.
El proceso penal también constituye un factor de desgaste
El abogado cuestionó, además, las posturas que minimizan los perjuicios que genera la sola existencia de una imputación y el desarrollo de un proceso penal, incluso cuando todavía no existe una condena.
A su criterio, el sometimiento a la maquinaria judicial representa una experiencia desgastante, cuya intensidad se ve agravada por las características de un sistema en el que, según su apreciación, persisten prácticas y mentalidades de naturaleza inquisitiva.
En ese contexto, Mendoza sostuvo que «no es cierto que generar una imputación penal y desarrollo de un proceso no genera agravio como algunos manifiestan», y describió al proceso penal como un fenómeno «absolutamente desgastante».
Su cuestionamiento apunta a una dimensión que merece mayor atención institucional: las consecuencias de la persecución penal no comienzan necesariamente con una condena. La incertidumbre, la exposición, las restricciones y el desgaste de enfrentar un procedimiento judicial también pueden producir afectaciones concretas en la vida de una persona.
La advertencia de Mendoza plantea, finalmente, una discusión que trasciende la cantidad de causas ingresadas o la capacidad de respuesta de los tribunales. Obliga a preguntarse cuánto cuesta, en términos humanos, un sistema penal que demora en resolver los conflictos y qué responsabilidad tienen sus operadores frente a quienes esperan una decisión.
Porque el tiempo que transcurre durante un proceso no queda detenido en los expedientes. Transcurre en la vida de las personas. Y para quien permanece privado de libertad, cada demora puede significar mucho más que una postergación judicial: puede representar una nueva porción de vida que ya no podrá recuperar.
