El juez Humberto Otazú dispuso que Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora permanezcan en la Agrupación Especializada, mientras se determina en qué establecimiento penitenciario cumplirán la medida. Liana Caballero fue remitida al Departamento Judicial Femenino. La decisión busca evitar que los procesados sean trasladados a Tacumbú, donde se encuentran personas que fueron denunciadas anteriormente por ellos.
El juez Humberto Otazú resolvió que los exmiembros del Banco Central del Paraguay (BCP) Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora cumplan prisión preventiva durante 15 días en la Agrupación Especializada, mientras se define el establecimiento penitenciario al que serán trasladados posteriormente.
La decisión contempla, además, un pedido de informes a los institutos penales para conocer qué penitenciaría cuenta con las condiciones y disponibilidad necesarias para recibirlos una vez concluido ese primer periodo. La medida apunta a evitar que ambos sean enviados a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde se encuentran personas que habían sido denunciadas en su momento por González y Mora.
En el caso de Liana Caballero, también exintegrante del BCP, el magistrado dispuso su remisión al Departamento Judicial Femenino por el mismo plazo de 15 días. Asimismo, solicitó informes para determinar qué establecimiento penitenciario se encuentra habilitado para que continúe allí el cumplimiento de la prisión preventiva.
Las disposiciones se producen en el marco de la investigación penal que involucra a los tres exfuncionarios por presuntas irregularidades vinculadas con la situación financiera de Ueno Bank y el supuesto incumplimiento de obligaciones legales de supervisión y control.
Conocían la situación desde diciembre de 2025
De acuerdo con el acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que González, Mora y Caballero tenían conocimiento, desde diciembre de 2025, de la situación crítica que atravesaba Ueno Bank, pero presuntamente no adoptaron las medidas que les imponía la normativa vigente.
La hipótesis fiscal apunta a una posible lesión de confianza por omisión, bajo la sospecha de que los entonces responsables no habrían actuado conforme a sus obligaciones institucionales frente a las señales de alerta sobre la entidad bancaria.
Dos de los investigados fueron detenidos y comparecieron ante el juez Humberto Otazú, mientras que el tercer imputado permanece prófugo.
Investigan informes y una respuesta al Senado
Otro de los ejes de la investigación se concentra en el tratamiento que recibieron los informes técnicos y las comunicaciones institucionales del Banco Central.
En particular, la Fiscalía analiza una respuesta remitida a la Cámara de Senadores que, según la hipótesis del Ministerio Público, habría omitido información relevante sobre observaciones realizadas a determinadas operaciones crediticias.
Los investigadores buscan establecer quiénes participaron en la elaboración, revisión y remisión de esa comunicación, además de determinar bajo qué circunstancias se habría producido la presunta omisión de datos.
Este aspecto adquiere especial relevancia debido a que Marco Aurelio González también enfrenta sospechas por la presunta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso.
De esta manera, la causa no se limita a establecer si los entonces funcionarios del BCP omitieron actuar ante la situación de Ueno Bank, sino que también busca esclarecer cómo se procesó y comunicó institucionalmente la información relacionada con las observaciones técnicas y las operaciones crediticias cuestionadas.
