El abogado Osvaldo Bittar asumió la representación del exCEO de Ueno Bank y estudia la posibilidad de impugnar la resolución de la Cámara de Apelaciones que, además de confirmar la prisión preventiva, incorporó de oficio las figuras de asociación criminal y otros hechos punibles a los atribuidos por la Fiscalía. El plazo para recurrir vence el próximo martes.
El exCEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, tiene una nueva defensa técnica en la causa penal que investiga el presunto vaciamiento de la entidad bancaria. El abogado Osvaldo Bittar tomó intervención en el expediente y, como primera medida, analiza si presenta un recurso contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que amplió de oficio los tipos penales atribuidos a su representado.
En conversación con Judiciales Net, el profesional explicó que actualmente concentra su trabajo en el estudio de la decisión del Tribunal de Alzada.
Bittar señaló que el plazo para recurrir vence el próximo martes y que, hasta entonces, se abocará exclusivamente al análisis de los fundamentos de la resolución para determinar si corresponde plantear una impugnación.
Por el momento, la nueva defensa no tiene previsto promover otras diligencias dentro del proceso, a la espera de definir su postura frente a la decisión de segunda instancia.
La Cámara amplió la calificación penal
La resolución confirmó la prisión preventiva del exejecutivo bancario, pero también introdujo una modificación en el alcance jurídico de la investigación al agregar, de oficio, los hechos punibles de asociación criminal y estafa.
De esta manera, a las figuras penales inicialmente atribuidas por la Fiscalía —conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio— se sumaron dos calificaciones que amplían el marco de la sospecha penal contra Vázquez.
La decisión de la Cámara constituye ahora el primer frente de análisis para la nueva defensa, que deberá determinar si existen fundamentos jurídicos para cuestionar la incorporación de esos tipos penales por parte del órgano de segunda instancia.
Los créditos a empresas vinculadas, en el centro de la investigación
La causa investiga presuntas irregularidades en operaciones financieras realizadas por Ueno Bank entre 2025 y 2026, que habrían comprometido los activos de la entidad, constituidos principalmente por recursos de terceros.
Según la hipótesis del Ministerio Público, integrantes del directorio habrían autorizado y permitido operaciones crediticias que terminaron afectando la solvencia del banco.
Entre las transacciones cuestionadas figuran préstamos y sobregiros concedidos a empresas vinculadas al conglomerado empresarial, entre ellas MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.
Los investigadores sostienen que esos créditos habrían sido otorgados pese a deficiencias en los análisis de riesgo, montos desproporcionados en relación con la capacidad financiera de las sociedades beneficiarias, condiciones de financiamiento laxas y, en determinados casos, falta de garantías suficientes.
Otro de los aspectos que analiza la Fiscalía es el supuesto destino de los fondos desembolsados. Según la hipótesis investigativa, el dinero no habría sido utilizado principalmente para las actividades propias de las empresas que recibieron los préstamos, sino para sostener financieramente a otras sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial.
La caída de la solvencia y la resolución del banco
El deterioro financiero de la entidad derivó en la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP). El 2 de noviembre de 2026, mediante la Resolución N.º 1, el directorio del organismo dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
En el marco de esta investigación, Miguel Vázquez y otros directivos fueron imputados por los presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Actualmente, el exCEO y los demás procesados cumplen prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en el marco de una de las investigaciones financieras de mayor alcance de los últimos tiempos.
