La imputación fiscal describe presuntas actuaciones del entonces mandatario para favorecer al grupo empresarial vinculado a la entidad bancaria. El escrito también menciona reuniones reservadas con Miguel Vázquez, titular del conglomerado.
La hipótesis del Ministerio Público contra el expresidente Santiago Peña incorpora varios elementos sobre la relación que habría mantenido con Ueno Bank y el Grupo Vázquez. En otra parte del relato fiscal, los investigadores sostienen que el exmandatario habría utilizado las atribuciones propias de la Presidencia de la República para promover decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos públicos en una entidad con la que mantenía intereses económicos y beneficios.
Según el escrito de imputación, Peña no habría limitado su intervención al respaldo público de la entidad bancaria, sino que también habría desplegado actuaciones desde su posición institucional para favorecer la continuidad de operaciones financieras que, de acuerdo con las observaciones técnicas conocidas por las autoridades, representaban riesgos para el patrimonio del banco y los recursos estatales y previsionales.
Los fiscales sostienen que, pese a haber tomado conocimiento de cuestionamientos sobre la situación financiera y patrimonial de Ueno Bank, el entonces presidente habría mantenido una conducta de respaldo hacia la entidad. Esta posición, según la hipótesis investigativa, habría contribuido a que funcionarios responsables de administrar y proteger fondos públicos mantuvieran decisiones de colocación de recursos que terminaron exponiéndolos a operaciones consideradas perjudiciales.
La responsabilidad que atribuye la Fiscalía en el perjuicio al Fondo de Garantía de Depósitos
Uno de los pasajes más relevantes del relato fiscal vincula directamente a Peña con el presunto perjuicio económico al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), administrado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El Ministerio Público sostiene que el exmandatario habría contribuido a ese resultado mediante dos vías: la designación de Carlos Carvallo Spalding al frente del órgano regulador, a quien los fiscales señalan como una persona estrechamente vinculada al grupo financiero, y las reiteradas intervenciones públicas de respaldo a Ueno Bank.
Para los investigadores, estas actuaciones habrían favorecido la falta de medidas de control oportunas, pese a las advertencias sobre la situación patrimonial de la entidad. La imputación sostiene que esto permitió que el banco continuara operando y captando depósitos y certificados de ahorro hasta el 2 de noviembre de 2026, mediante promociones comerciales dirigidas a atraer nuevos recursos.
La Fiscalía plantea que la demora en adoptar medidas cautelares habría incrementado el impacto sobre el Fondo de Garantía de Depósitos. Esto, debido a que, al disponerse finalmente la resolución forzosa de la entidad por registrar un índice de solvencia inferior al 50 % del mínimo legal exigido, el mecanismo de garantía debió afrontar obligaciones mayores frente a los depositantes incorporados durante ese periodo.
El eventual perjuicio económico, según el propio documento fiscal, todavía deberá ser cuantificado.
Los USD 200.000 que habrían permanecido fuera del sistema bancario
Otro episodio incorporado a la imputación se refiere a dos paquetes de dinero en efectivo que, según el Ministerio Público, habrían permanecido bajo resguardo en un sector privado de la residencia oficial del entonces presidente.
El documento habla de aproximadamente USD 100.000 en cada paquete, por un total cercano a USD 200.000, que no habrían sido bancarizados.
La reconstrucción fiscal señala que el primer paquete fue encontrado por personal del servicio doméstico el 14 de octubre de 2024, mientras que el segundo habría sido hallado a finales de febrero de 2025. Ambos montos habrían permanecido bajo custodia dentro del predio presidencial hasta el 17 de junio de 2025.
En esa fecha, siempre según el relato fiscal, Peña habría recibido personalmente el dinero de manos de Luz Maribel Candado Romero, coordinadora del personal doméstico de la residencia oficial, incorporándolo a su esfera de disposición personal al margen del sistema financiero formal.
La mención de estos fondos constituye otro de los elementos que los investigadores incorporaron para examinar los intereses económicos y patrimoniales que atribuyen al exmandatario.
Reuniones reservadas con el titular del Grupo Vázquez
La imputación también reconstruye cuatro encuentros que Peña habría mantenido con Miguel Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y uno de los principales investigados en la causa penal.
Los fiscales identifican como fechas de esas reuniones el 17 de diciembre de 2023, el 8 de abril de 2024, el 6 de marzo de 2025 y el 3 de abril de 2025.
El Ministerio Público considera relevantes esos encuentros porque habrían coincidido con etapas determinantes para la expansión corporativa del grupo empresarial, entre ellas la obtención de licencias bancarias, la absorción de entidades financieras en crisis y posteriores procesos de reorganización de Ueno Bank y del conglomerado.
Según la hipótesis fiscal, las reuniones se habrían desarrollado de manera reservada dentro del recinto presidencial. Los investigadores sostienen que Peña habría utilizado las instalaciones del Estado y su investidura para mantener una relación bilateral directa con el titular de un grupo económico en el que, de acuerdo con la imputación, conservaba intereses patrimoniales directos y familiares.
La Fiscalía busca establecer si esos encuentros formaron parte de una articulación destinada a favorecer los intereses del conglomerado empresarial mientras el entonces mandatario ejercía la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.
En conjunto, estos episodios conforman una línea de investigación que excede las operaciones crediticias cuestionadas dentro de Ueno Bank. El Ministerio Público intenta reconstruir si existió una convergencia entre los intereses económicos atribuidos a Peña, sus decisiones y actuaciones institucionales y los beneficios que habría obtenido el grupo empresarial vinculado a la entidad financiera.
