La defensa del exCEO del Grupo Vázquez apeló la prisión preventiva y solicitó su sustitución por arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Alegó que la resolución judicial carece de fundamentación suficiente y que no concurren los presupuestos legales para mantenerlo privado de libertad. La Fiscalía se opone y sostiene que existe peligro de fuga, atendiendo a su posición dentro de la estructura empresarial investigada.
El exCEO del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez Villasanti, busca obtener arresto domiciliario con tobillera electrónica, en reemplazo de la prisión preventiva que cumple por disposición del juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank.
La defensa del empresario recurrió la resolución judicial que ordenó su reclusión y cuestionó que la medida cautelar haya sido dispuesta sin una fundamentación suficiente. Los abogados sostienen que no concurren los presupuestos legales establecidos en el artículo 242 del Código Procesal Penal, peligro de fuga, obstrucción y falta de arraigo para justificar la aplicación de la prisión preventiva.
Entre sus argumentos, la representación técnica invocó el arraigo familiar, laboral y patrimonial de Vázquez, además de cuestionar la existencia de riesgos procesales que justifiquen la medida más gravosa. Como alternativa, solicitó que pueda continuar sometido al proceso desde su domicilio, bajo control mediante dispositivo electrónico.
Sin embargo, el Ministerio Público contestó el traslado de la apelación y solicitó al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que confirme la prisión preventiva dispuesta mediante el Auto Interlocutorio N.º 359, del 5 de noviembre.
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle consideran que el peligro de fuga se encuentra vigente y que, en el actual momento procesal, no corresponde sustituir la medida cautelar por otra menos gravosa.
La Fiscalía fundamenta su postura en la posición que ocupaba Vázquez dentro de la estructura societaria investigada, así como en la magnitud económica de las operaciones financieras bajo sospecha. A criterio de los investigadores, estas circunstancias deben ser consideradas al momento de evaluar los riesgos procesales y la necesidad de asegurar la sujeción del imputado al procedimiento.
En consecuencia, el Ministerio Público considera que las condiciones actuales de la causa no permiten aplicar una medida distinta a la prisión preventiva y pidió a los camaristas rechazar el recurso de la defensa.
La investigación por las operaciones de Ueno Bank
La causa investiga presuntas irregularidades en operaciones financieras realizadas por Ueno Bank entre los años 2025 y 2026, que habrían comprometido negativamente los activos de la entidad, constituidos principalmente por recursos de terceros.
Según los antecedentes de la imputación fiscal, integrantes del directorio habrían autorizado y permitido operaciones crediticias que terminaron afectando la solvencia de la entidad bancaria.
Entre las operaciones cuestionadas aparecen préstamos y sobregiros concedidos a empresas vinculadas al conglomerado empresarial, entre ellas MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.
La investigación sostiene que los créditos habrían sido otorgados pese a debilidades en los análisis de riesgo, montos desproporcionados respecto de la capacidad financiera de las empresas beneficiarias, condiciones de financiamiento laxas y, en algunos casos, ausencia de garantías suficientes.
Otro aspecto considerado por los investigadores es que los fondos desembolsados no habrían sido destinados principalmente a las actividades propias de las empresas receptoras, sino al sostenimiento financiero de otras sociedades del mismo grupo empresarial.
El escenario derivó en la intervención del Banco Central del Paraguay, cuyo directorio dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre de 2026, mediante la Resolución N.º 1, luego de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
Vázquez y otros directivos fueron imputados por presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio, actualmente cumplen prisión preventiva en el ex Tacumbú.
Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver si mantiene la prisión preventiva de Vázquez o hace lugar al planteamiento de su defensa para que afronte el proceso bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico.
