El magistrado Humberto Otazú consideró que existe peligro de fuga y argumentos de seguridad vinculados al cargo que ocupó el exmandatario y a la información que manejaría sobre crimen organizado. La defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el pedido no prosperó.
El juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva del expresidente de la República Santiago Peña, quien deberá cumplir la medida en dependencias de la Escolta Presidencial, bajo las condiciones dispuestas por el juzgado.
Al fundamentar su decisión, el magistrado señaló que tuvo en cuenta el peligro de fuga y razones de seguridad, considerando la investidura que tuvo Peña y la información sensible a la que habría tenido acceso durante su paso por el Poder Ejecutivo.
«Él está privado de libertad, él maneja mucha información relacionada en materia de crimen organizado. Está sometido y así va a continuar», expresó Otazú al explicar por qué hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público.
La defensa había solicitado la aplicación de una medida cautelar menos gravosa, pero el magistrado no consideró viable esa alternativa y resolvió mantener la privación de libertad del procesado.
Por su parte, los abogados de Peña adelantaron que analizarán los fundamentos de la resolución antes de definir las acciones que impulsarán. Reiteraron que su cliente se someterá al proceso y sostuvieron que, una vez concluida la investigación, será sobreseído.
La investigación por los fondos públicos depositados en Ueno Bank
Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio. La causa investiga el presunto direccionamiento y mantenimiento de millonarios fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, mientras la entidad financiera habría otorgado créditos a sociedades vinculadas a su grupo económico.
Según la hipótesis fiscal, durante su gestión presidencial, Peña habría intervenido en el proceso de colocación, renovación y permanencia de recursos de instituciones públicas en el banco, pese a que habría mantenido una relación económica y corporativa previa con la entidad.
Entre los organismos mencionados en la investigación figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá, la ANDE y distintas cajas previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existieron intervenciones desde el Poder Ejecutivo que favorecieron intereses particulares y si las operaciones financieras investigadas ocasionaron un perjuicio patrimonial.
La causa también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, quien fue imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La decisión de Otazú abre una nueva etapa en un expediente que involucra a figuras de alto nivel político y financiero. Mientras la Fiscalía sostiene su hipótesis sobre el manejo de recursos estatales, la defensa mantiene su postura de someterse al proceso y cuestionará, según los fundamentos que examine, las decisiones judiciales que considere pertinentes.
