La suma corresponde a las recaudaciones del 2 y 3 de noviembre y permanece pendiente de transferencia, en medio del proceso de resolución de la entidad bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay. La Corte anunció gestiones para recuperar los fondos y no descartó ejecutar la garantía contractual.
La Corte Suprema de Justicia informó que Ueno Bank mantiene pendiente de transferencia G. 250.448.960, correspondientes a los ingresos percibidos por el cobro de tasas judiciales y registrales de los días 2 y 3 de noviembre de 2026.
Según el detalle divulgado por la institución, la recaudación del 2 de noviembre asciende a G. 248.441.083, mientras que la del día siguiente alcanza G. 2.007.877. Los montos debían ser transferidos conforme a las obligaciones establecidas en el contrato suscrito entre la Corte y la entidad bancaria.
La situación se produce en un contexto de especial relevancia para el sistema financiero, luego de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. Este escenario abre interrogantes sobre el mecanismo y los plazos para recuperar los recursos públicos que permanecen en poder de la entidad.
En ese sentido, la Corte recordó que la Ley N.º 2334/03 establece una cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad financiera, equivalente actualmente a G. 228.300.000. Asimismo, mencionó que la Ley N.º 7745/2026 incorpora un mecanismo de anticipo de dicha garantía, sujeto al cumplimiento de las condiciones legales correspondientes.
Ante este escenario, la máxima instancia judicial anunció que realizará las gestiones necesarias ante los organismos competentes para procurar el recupero de los fondos. También advirtió que, de resultar necesario, recurrirá a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento contemplada en el contrato con Ueno Bank.
Mientras tanto, el cobro de tasas judiciales y registrales a través de esa entidad permanece suspendido. Los usuarios pueden realizar los pagos en las demás instituciones bancarias habilitadas: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.
El punto que queda pendiente es determinar cómo y en qué plazo serán restituidos los G. 250 millones que corresponden a la recaudación judicial, así como el alcance efectivo de las garantías contractuales y legales disponibles para asegurar su recuperación.
