El Ministerio Público dispuso la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo especial de fiscales para investigar la ampliación de la denuncia contra el presidente Santiago Peña, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo y otras autoridades por el caso de Ueno Bank.
El Ministerio Público dispuso la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo especial de fiscales para investigar la ampliación de la denuncia contra el presidente Santiago Peña, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo y otras autoridades por el caso de Ueno Bank. La decisión fue formalizada mediante la Resolución F.G.E. N.° 4474, firmada por el fiscal general del Estado, Emilio Fúster, este 5 de noviembre.
El documento instruye la apertura de tres causas penales a partir de las denuncias presentadas por legisladores de la oposición. Para llevar adelante la pesquisa, se conformó un equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales Elena Fiore Franco, Silvia González Véster y Christian Manuel Cáceres, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
La investigación no se limita a los administradores del banco o al presidente. La denuncia ampliada, presentada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, entre otros, apunta a determinar si el Estado fue víctima de una estafa o si hubo connivencia de funcionarios públicos al permitir que fondos públicos y de la seguridad social se concentraran en la entidad financiera antes de su colapso.
El foco en la cúpula del BCP
Uno de los ejes centrales de la nueva causa penal es la actuación del BCP y de la Superintendencia de Bancos. Los denunciantes sostienen que, entre mayo y noviembre de 2026, el ente regulador conocía los excesos de Ueno Bank en créditos a empresas vinculadas (por G. 743.784 millones) y una venta de cartera calificada internamente como «operación prohibida». Aun así, no se habría exigido un plan de regularización a tiempo.
La denuncia pide investigar por presunta lesión de confianza al expresidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding (quien renunció el 3 de noviembre), y al superintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola. También se solicita indagar la intervención de los miembros titulares del Directorio del BCP: Liana Caballero Krause (actual presidenta interina), Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado.
Fondos públicos y el IPS bajo la lupa
El escrito detalla que, al 30 de septiembre de 2026, Ueno Bank tenía G. 3,6 billones y US$ 233,4 millones en fondos públicos. Esto representaba el 18,2 % de los depósitos estatales en guaraníes y el 22,9 % en dólares. En la lista de entidades afectadas figuran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ANDE, Itaipú, la Caja Bancaria, Cajubi y el Instituto de Previsión Social (IPS).
El caso del IPS es uno de los más sensibles. Según la denuncia, sus fondos en la entidad pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025, un crecimiento exponencial que coincidió con dos rebajas en los requisitos de evaluación aprobadas por el Consejo de Administración del instituto. Los denunciantes señalan que el límite legal del 10 % del portafolio se superó desde febrero de 2025.
Por esta razón, la Fiscalía deberá investigar también a las autoridades del IPS que intervinieron en las decisiones de colocación y mantenimiento de fondos, entre ellas el expresidente del Consejo, Jorge Brítez, y el director de Inversiones, Hugo Díaz.
Los vínculos con el Ejecutivo y la causa original
La ampliación de la denuncia se suma a la presentación original del 22 de octubre de 2025 contra Santiago Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. En esa primera causa, se cuestionaba el aumento patrimonial del mandatario (un 1.603 % entre 2017 y 2023) y su participación en Ueno Holding.
La nueva arista incorpora la hipótesis de instigación o complicidad en la lesión de confianza, si se comprueba que Peña dio instrucciones.
