El Ministerio Público fundamentó su pedido de prisión preventiva para Miguel Vázquez Villasanti en la gravedad de los hechos que le atribuye, la importancia del perjuicio ocasionado y, particularmente, en la expectativa de pena que podría enfrentar en caso de ser condenado. Para los fiscales, estos factores configuran un peligro de fuga que justifica la aplicación de la medida cautelar.
En su argumentación, la Fiscalía sostuvo que están reunidos los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal, para disponer la prisión preventiva. Alegó que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de varios hechos punibles graves y la participación de Vázquez en calidad de autor.
El Ministerio Público puso especial énfasis en la eventual sanción que podría derivarse del proceso. Señaló expresamente que la pena que podría ser impuesta, sumada a la importancia del perjuicio causado, constituye un factor para presumir que el imputado podría sustraerse de la Justicia.
Pero la Fiscalía también invocó el peligro de obstrucción de la investigación. Este riesgo fue relacionado directamente con la posición que, según la hipótesis fiscal, ocupaba Vázquez dentro del entramado empresarial investigado.
Los fiscales sostienen que el imputado no era un participante ajeno a las operaciones, sino que concentraba el control de distintas sociedades que recibieron los fondos provenientes de los créditos cuestionados. Lo identifican como beneficiario final de UENO BANK y vicepresidente primero de la entidad, además de «controlante» de Grupo Vázquez SAE e ITTI SAECA.
La exposición fiscal también menciona su participación en Mowi SA, donde fue vicepresidente y accionista hasta 2025, y en Grupo M SA, donde habría sido beneficiario final del 60%. En ITTI SAECA, en tanto, le atribuye una participación como beneficiario final del 99%.
A esta estructura se suman Grupo Hendy, TUIU, FRANEDE, Office Design y Nubicom, sociedades que, según el Ministerio Público, pertenecían a ITTI o a Grupo Vázquez inmediatamente antes de recibir los créditos.
La Fiscalía también hizo referencia a los vínculos familiares de Vázquez con personas que ocupaban posiciones accionarias o directivas en algunas de esas empresas. Mencionó a Mauro Vargas Wildberger, accionista del 99,62% y presidente de FRANEDE, y a Martín Vargas Wildberger, accionista del 95,65% de AIME, ambos parientes por afinidad en segundo grado. También señaló a Gloria Villasanti, presidenta de AIME y directora suplente de MOWI, con quien el imputado tiene un vínculo de consanguinidad en primer grado.
Sobre esa base, el Ministerio Público argumenta que la posición central de Vázquez en la estructura empresarial y sus relaciones con las personas vinculadas a las sociedades investigadas también permiten sostener la existencia de un riesgo de interferencia en la investigación.
La imputación comprende cuatro hechos punibles: conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, en la modalidad de causar el perjuicio, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Así, el pedido de encarcelamiento preventivo se apoya principalmente en la expectativa de una eventual condena, la gravedad de los hechos atribuidos y la magnitud del perjuicio, elementos que la Fiscalía considera suficientes para sostener el peligro de fuga. A ello agrega el riesgo de obstrucción derivado del presunto poder de control del imputado sobre las empresas involucradas.
La decisión de imponer o no la prisión preventiva corresponde al juez especializado Rodrigo Estigarribia.
