Tribunales de Asunción llegan a desarrollar hasta siete juicios orales por día. El abogado penalista y catedrático Juan Pablo Mendoza advierte que la acumulación de audiencias compromete la inmediación, la comprensión de las pruebas y la calidad de las discusiones en la etapa más determinante del proceso penal.
La sobrecarga de juicios orales en los tribunales penales de Asunción comienza a generar preocupación entre magistrados y profesionales del derecho. La realización de hasta siete juicios orales en una misma jornada por un mismo Tribunal de Sentencia, con intervalos de apenas minutos o algunas horas entre una audiencia y otra, plantea interrogantes sobre la capacidad real del sistema para garantizar un juzgamiento con la atención, el tiempo y la profundidad que exige cada proceso.
El abogado penalista y catedrático Juan Pablo Mendoza puso la mira en las consecuencias que genera esta acumulación de audiencias, especialmente sobre la calidad de la discusión probatoria y la capacidad de los tribunales para asimilar los elementos que se incorporan durante el debate oral.
El profesional advirtió que la multiplicidad de juicios simultáneos o sucesivos no constituye simplemente un problema de organización de agenda, sino que puede repercutir directamente en las condiciones en que los magistrados desarrollan su función jurisdiccional.
«Cuando el juez tiene que llevar adelante cinco audiencias, eso atenta directamente contra las posibilidades de la inmediación, de entender lo que está pasando, de dejar que ese conocimiento de la evidencia se asiente y pueda asimilarlo, interrelacionarlo con todos los demás elementos de prueba y, por supuesto, atenta contra la calidad de la discusión», señaló Mendoza.
La advertencia apunta a uno de los principios fundamentales del juicio oral: la inmediación, que exige que los jueces tengan contacto directo con las pruebas, los testigos, los peritos y las partes durante el desarrollo del debate. Esta interacción no se agota en la presencia física del magistrado en la sala, sino que requiere condiciones adecuadas para observar, escuchar, comprender y valorar integralmente los elementos sometidos a contradicción.
Desde esa perspectiva, el problema adquiere otra dimensión cuando un mismo tribunal debe distribuir su atención entre numerosos procesos, con audiencias que se suceden a un ritmo que puede dificultar la asimilación y el análisis de la información.
Juicios que se prolongan durante años
Mendoza sostuvo que el diseño del juicio oral presupone que los recursos humanos, intelectuales y materiales del sistema se concentren en una cantidad limitada de procesos, de modo que la atención judicial pueda estar dirigida efectivamente a la adquisición y valoración de las pruebas y al juzgamiento.
Sin embargo, considera que esa lógica se desvirtúa cuando los tribunales deben atender una cantidad excesiva de audiencias.
«De hecho, esto está pensado para que sean pocos los juicios y los recursos humanos, en términos de energía, atención, comprensión y tiempo, se concentren en la adquisición y en el juzgamiento. Y eso no pasa cuando tenemos demasiadas audiencias», explicó.
Uno de los efectos más preocupantes de esta dinámica es la prolongación de los debates orales. Según describió el abogado, existen procesos que se extienden durante uno o incluso dos años, con audiencias espaciadas y largos intervalos entre una jornada y otra.
En esas condiciones, el desarrollo del juicio corre el riesgo de convertirse en una sucesión de reconstrucciones de lo ocurrido en sesiones anteriores, en lugar de mantener una continuidad que permita al tribunal construir una comprensión integral y progresiva de la prueba.
«Cuando tenemos demasiadas audiencias, lo que acontece es hacer un registro de lo que pasó la semana pasada, el mes pasado o hace tres meses. Tenemos juicios que se están extendiendo por uno o dos años y esa circunstancia limita la efectividad del proceso, erosiona la calidad de las discusiones, del entendimiento que pueda tener el tribunal y, obviamente, de las decisiones judiciales», alertó.
El desgaste alcanza también a los abogados y las partes
La saturación no repercute exclusivamente en los jueces. La dinámica también impone una fuerte exigencia a los abogados defensores, fiscales y demás profesionales que intervienen en los procesos, quienes deben compatibilizar agendas, preparar sus intervenciones y garantizar una participación efectiva en múltiples audiencias.
La superposición de compromisos judiciales puede dificultar la preparación de cada debate y la disponibilidad de tiempo necesaria para atender adecuadamente los intereses de las personas representadas.
En el caso de los abogados particulares, además, existe una responsabilidad profesional frente a quienes depositan su confianza en ellos y esperan una defensa técnica diligente, con el seguimiento y la dedicación que requiere cada etapa del proceso.
El escenario genera preocupación entre magistrados y profesionales del derecho, que observan cómo la acumulación de causas y la extensión de los debates tensionan las condiciones de funcionamiento de los tribunales.
El planteamiento de Mendoza instala así una discusión que va más allá de la cantidad de expedientes que el sistema consigue llevar a juicio: la verdadera eficacia de la justicia penal no debería medirse únicamente por el número de audiencias realizadas, sino también por las condiciones en que se desarrollan y la calidad de las decisiones que producen.
Porque un juicio oral no es un trámite más dentro de una agenda saturada. Es el espacio en el que se examinan las pruebas, se confrontan las posiciones de las partes y se define, con consecuencias directas sobre la libertad y los derechos de las personas.
