Una joven de 22 años, Deisy Paola Giménez, fue asesinada a tiros en Lambaré días después de que un juzgado de Capiatá dictara una orden de alejamiento contra su expareja, Aldo Duarte, de 26 años, a quien la Policía señala como presunto autor. Según la Policía, se impartió orden de captura contra Duarte, quien hasta el momento es sospechoso y no consta condena alguna en su contra.
El hecho ocurrió la noche del jueves sobre la calle Ybyra Pytã, del barrio Santa Lucía. Las cámaras de seguridad de la zona registraron a la mujer caminando hacia el minimercado donde trabajaba. Según esas imágenes y los datos policiales, un hombre la esperaba a bordo de un vehículo blanco, le disparó tres veces y la dejó tendida en la vía pública.
Días antes, la víctima había denunciado una supuesta lesión grave atribuida a Duarte, y el Juzgado de Capiatá, jurisdicción donde ambos convivieron, dictó la orden de alejamiento. El comisario Alberto Morínigo informó a Telefuturo que el vehículo está plenamente identificado. Según compañeros de trabajo, la joven cursaba el último año de la carrera de Derecho.
Qué ordena una orden de alejamiento y qué no garantiza
La Ley 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia prevé medidas de protección, entre ellas la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima. La medida impone una obligación al denunciado, pero su cumplimiento depende de que sea notificada y de que la Policía y el Ministerio Público actúen cuando se la infringe.
El caso deja preguntas procesales sin respuesta pública: qué órgano dictó exactamente la orden y cuándo, si fue notificada a Duarte, si existía una imputación por la lesión grave denunciada y qué seguimiento policial tuvo la medida. Ninguna de esas circunstancias fue detallada oficialmente.
La respuesta de la viceministra de Protección
La viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Stella Maris Villamayor, en una entrevista concedida al periodista Luis Bareiro, sostuvo que las instituciones deben “llegar antes” y que el Ministerio Público y la Policía también deben dar una respuesta inmediata. Explicó que el Ministerio de la Mujer articula con la Defensa Pública y con la unidad especializada de la Fiscalía para gestionar medidas de protección y, de ser necesario, el ingreso a una casa de acogida.
Frente a la crítica de que no existe un sistema integrado entre las comisarías especializadas y el ministerio, Villamayor respondió que hay un plan de contingencia con la comisaría y con la Fiscalía, y que el ministerio necesita recibir reportes de esas instituciones para su base de datos. Sostuvo además que, tras denunciar, la mujer queda “doblemente vulnerada”.
El próximo paso procesal es la captura de Duarte y su eventual imputación, para lo cual el Ministerio Público deberá definir la calificación del hecho. Si sos víctima o conocés un caso de violencia contra la mujer, podés llamar a la Línea 137 “SOS Mujer”.
