La Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad suspender sin goce de sueldo al juez Cristian Ariel Sánchez Zaracho, quien enfrenta un proceso y penal y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por haber dispuesto la subasta de bienes vinculados al narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, pese a que sobre los inmuebles pesaba una prohibición de innovar y estaban afectados a un proceso de comiso a favor del Estado paraguayo.
La máxima instancia judicial adoptó la medida luego de analizar el pedido y el resumen presentado por el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, quien calificó de “gravísima” la circunstancia atribuida al magistrado. La suspensión tendrá carácter provisorio y se mantendrá mientras se desarrolla el proceso ante el JEM, hasta que exista una decisión definitiva.
El caso además tiene una arista penal: Sánchez Zaracho ya fue imputado en el ámbito penal por los hechos que rodean la sospechosa actuación judicial.
Subasta pese a la prohibición
De acuerdo con los antecedentes expuestos por Martínez Simón durante la sesión de la Corte, el 9 de mayo de 2023 se había dispuesto el comiso de varios bienes y, paralelamente, se había trabado una prohibición de innovar sobre los mismos.
Entre los bienes afectados se encontraban dos fincas que conformaban un solo cuerpo y que correspondían a la denominada estancia Nelly. Los inmuebles figuraban formalmente a nombre de Biocombustible Brasilero SA (Biobras).
En paralelo al proceso penal, se encontraba en trámite un juicio ejecutivo promovido por Grupo Paraná SA contra Biocombustible Brasilero SA y/o Gilberto Suárez. Ese expediente civil estaba a cargo del juez Cristian Ariel Sánchez Zaracho.
Según explicó el titular de la Corte, dentro del propio proceso ejecutivo el magistrado había sido puesto al tanto de la situación jurídica de los inmuebles.
Pero el elemento que la Corte considera especialmente grave es que, antes de la subasta, la Dirección General de los Registros Públicos comunicó formalmente al juzgado la existencia de la prohibición de innovar que afectaba a los bienes. Incluso, según el resumen expuesto por Martínez Simón, el Registro identificó la resolución judicial mediante la cual se había ordenado dicha medida dentro de la causa relacionada con Luiz Carlos Da Rocha y otros, por lavado de dinero, tráfico de drogas y delitos conexos. Pese a esa comunicación, el juez avanzó con la ejecución.
Dos fincas terminaron en manos de la parte actora
Los dos inmuebles que integraban la estancia Nelly fueron incluidos entre los bienes llevados a remate y posteriormente adjudicados a la misma parte actora por G. 2.000 millones.
El juez Sánchez Zaracho aprobó la subasta el 28 de noviembre de 2023, pese a que, según los antecedentes considerados por la Corte, ya existía constancia dentro del expediente de que los bienes estaban afectados al comiso a favor de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) y del Estado paraguayo.
La actuación es precisamente uno de los puntos que motivaron el proceso ante el JEM y ahora la decisión de la Corte de apartar provisoriamente al magistrado de sus funciones.
“En este caso, se había dispuesto el comiso de varios bienes y se había trabado una prohibición de innovar el 9 de mayo del año 2023. Consta eso en el informe del acta de imputación”, señaló el presidente de la Corte.
El ministro relató que las dos fincas de la estancia Nelly estaban registradas a nombre de Biobras y que, paralelamente al proceso penal, se desarrollaba el juicio ejecutivo iniciado por Grupo Paraná.
Martínez Simón destacó que, dentro de ese expediente, la parte demandada había puesto en conocimiento del juzgado la situación de los bienes y que posteriormente la propia Dirección General de los Registros Públicos informó sobre la prohibición de innovar.
“De todos modos, el juez ordena la subasta, entre otros bienes, de esta estancia Nelly, de dos fincas. Esas fincas son adjudicadas a la misma parte actora y el juez procede a aprobar la subasta el 28 de noviembre del año 2023”, explicó.
El presidente de la Corte remarcó que todo esto ocurrió “habiendo constancia en el expediente de que estos bienes estaban afectados al comiso a favor de SENABICO, a favor del Estado paraguayo”.
La Corte considera “gravísima” la actuación
La decisión de suspender al juez no implica una condena definitiva en el ámbito disciplinario. Se trata de una medida provisoria adoptada mientras el JEM sustancia el proceso en su contra.
No obstante, la Corte consideró que los elementos expuestos justificaban apartarlo temporalmente del cargo y dejarlo sin percibir su salario mientras dure la suspensión.
Martínez Simón cerró su explicación haciendo referencia a la práctica habitual en los procesos de ejecución y al conocimiento que tienen los magistrados del fuero civil sobre los trámites posteriores a una subasta.
“Es decir, algo que nosotros que trabajamos en el fuero civil, siempre que se produce una ejecución, el trámite de inscripción preventiva y de titulación se hace en el mismo proceso ejecutivo”, sentenció.
