Los fiscales Leonardi Guerrero y Julio Ortiz, imputaron a cuatro directivos de la Asociación Paraguaya de Autores (APA) por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. La investigación fiscal apunta a un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.990 millones, vinculado al manejo de recursos institucionales destinados al financiamiento del Programa JOPOI 2025.
La imputación alcanza al actual presidente de APA, David Portillo, el director general de APA, Humberto Rodas; el director financiero y administrativo, Juan José Vidal; y el tesorero, Walter Cabrera.
¿Qué hechos atribuye la Fiscalía a los directivos?
Según la hipótesis fiscal, los cuatro directivos habrían intervenido en la disposición y utilización de fondos de la APA para financiar el Programa JOPOI 2025, pese a que determinados recursos requerían una autorización previa y específica.
Uno de los puntos señalados por los investigadores es la utilización de G. 696.794.530 correspondientes a intereses generados por Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). De acuerdo con la imputación, estos fondos habrían sido utilizados sin contar previamente con la autorización específica requerida.
La Fiscalía también investiga la presunta existencia de contrataciones simuladas para la adquisición de productos a precios superiores a los reales. La sospecha fiscal apunta a que en determinadas operaciones se habrían utilizado proveedores que, posteriormente, habrían negado haber participado de las transacciones.
De acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, los pagos derivados de esas operaciones habrían sido realizados en efectivo a una tercera persona, según la hipótesis sostenida por el Ministerio Público.
Uno de los elementos mencionados por la Fiscalía corresponde a información proporcionada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). En ese marco, los propietarios de la “Despensa Gabrielito” habrían manifestado que no contrataron con la APA ni suministraron los productos consignados en las facturas utilizadas como respaldo de determinadas operaciones.
Contrataciones anteriores a la autorización
Otro aspecto bajo investigación es la secuencia temporal de las operaciones. Los análisis incorporados al expediente, según la Fiscalía, mostrarían que algunas contrataciones y facturaciones se realizaron antes de que existiera una autorización formal para utilizar los intereses de los CDA.
Para los investigadores, esta cronología constituye uno de los elementos relevantes para determinar cómo fueron dispuestos los recursos institucionales y qué intervención tuvieron los directivos imputados.
La investigación también incluye antecedentes relacionados con el mantenimiento de fondos irrepartibles durante períodos que, según la Fiscalía, habrían excedido el plazo establecido legalmente, en una posible contravención de la Ley N.º 1328/1998.
Elementos de la investigación
Entre los elementos considerados por el Ministerio Público figuran informes de fiscalización y auditoría de la DINAPI, declaraciones testimoniales y documentación relacionada con las operaciones investigadas.
La Fiscalía sostiene que estos elementos, analizados conjuntamente, sustentan la sospecha de que los directivos imputados habrían participado en hechos que ocasionaron un perjuicio patrimonial a la asociación.
Los cuatro directivos fueron imputados por el hecho punible de lesión de confianza, previsto en el artículo 192, incisos 1.º y 2.º, en concordancia con el artículo 29, inciso 2.º, del Código Penal.
En esta etapa se trata de una imputación fiscal y de una hipótesis investigativa, por lo que los hechos atribuidos deberán ser acreditados durante el proceso y los imputados conservan su presunción de inocencia.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar sus conclusiones.
