El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel dio inicio al juicio oral y público en la causa conocida como “Tía Chela”, proceso en el que se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con exfuncionarios municipales y representantes de empresas vinculadas a la provisión de alimentos durante la pandemia de COVID-19.
La apertura del debate estuvo marcada por la presentación de incidentes planteados por las partes. Uno de los principales puntos de discusión fue el pedido del Ministerio Público para incorporar nuevas diligencias y un testigo al juicio.
El fiscal Silvio Corbeta solicitó la inclusión como testigo del director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, además de requerir la remisión de informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), relacionados con el proceso de contratación realizado por la Municipalidad de Ciudad del Este para la adquisición de kits de alimentos.
El representante del Ministerio Público sostuvo que las solicitudes deben ser analizadas desde los criterios de legalidad y pertinencia y defendió la incorporación de estos elementos como parte de la búsqueda de la verdad dentro del proceso.
“En primer lugar se debe analizar la legalidad y pertinencia. Esta solicitud no viola ninguno de los derechos de los acusados y, en el caso particular, se basa en la búsqueda de la verdad”, argumentó Corbeta durante la audiencia.
Fiscalía apunta al cambio de marcas
Uno de los fundamentos expuestos por la Fiscalía para solicitar la declaración de Encina está relacionado con el cambio de las marcas de los productos entregados por Tía Chela luego de la adjudicación de la licitación.
Según explicó Corbeta, esta circunstancia adquirió relevancia para el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso y la Fiscalía pudo acceder a determinados elementos vinculados al caso recién en la etapa de audiencia preliminar.
La Fiscalía considera que la declaración del titular de Contrataciones Públicas puede aportar información sobre el procedimiento de contratación y las condiciones bajo las cuales se produjo la sustitución de las marcas de los productos.
Defensa cuestiona incorporación de testigo
Las defensas de los acusados se opusieron al pedido del Ministerio Público. Los abogados sostienen que los elementos cuya incorporación pretende la Fiscalía ya forman parte de la investigación y que, por lo tanto, no existiría justificación para introducirlos nuevamente en la etapa de juicio oral.
Respecto al cambio de marcas, la defensa argumentó que se trata de un hecho asumido y no controvertido entre las partes, por lo que consideró que la solicitud fiscal respondería a una estrategia para incorporar nuevas pruebas al debate. Que, si bien no se oponen a la inclusión de pruebas si se oponen al testimonio de Encina.
La discusión deberá ser resuelta por el Tribunal de Sentencia, que deberá determinar si corresponde admitir las solicitudes formuladas por el Ministerio Público.
La acusación contra Prieto
El proceso se origina en una investigación sobre una presunta irregularidad en la adquisición de alimentos realizada durante la pandemia de COVID-19, específicamente entre marzo y julio de 2020.
De acuerdo con la acusación fiscal, la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó de manera directa la compra de 25.000 kits de alimentos a la empresa Tía Chela SRL. El Ministerio Público sostiene que el procedimiento habría sido direccionado con el objetivo de favorecer irregularmente a la firma proveedora.
La Fiscalía atribuye a Miguel Prieto, en su entonces condición de ordenador de gastos, el supuesto liderazgo de una estructura integrada por funcionarios municipales que habría intervenido en el proceso de contratación y generado un perjuicio a las arcas públicas.
El daño patrimonial atribuido por el Ministerio Público asciende a G. 2.130 millones.
Quiénes enfrentan el juicio oral
Además de Prieto, fueron elevados a juicio oral varios exfuncionarios y colaboradores de la Municipalidad de Ciudad del Este: Maggi Fariña, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Sebastián Martínez, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia, del área financiera; José Félix Cáceres, jefe de Desarrollo Comunitario; y Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes.
También están acusados Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de VANEMI S.A.
Todos los acusados deberán responder a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público en el marco del juicio oral, instancia en la que se producirá y debatirá la prueba admitida por el tribunal.
Tribunal convoca a audiencia disciplinaria a abogado
Como una de las primeras medidas adoptadas durante el desarrollo de la causa, el Tribunal de Sentencia convocó al abogado Irán Martín Prieto a una audiencia disciplinaria para el próximo 15 de septiembre, a las 08:00.
La convocatoria se relaciona con un incidente presentado por el profesional y que, según el Tribunal, podría ser considerado una eventual dilación procesal, en atención a las disposiciones contempladas en una acordada de la Corte Suprema de Justicia.
La audiencia disciplinaria deberá determinar si la actuación cuestionada se encuadra o no dentro de una conducta susceptible de sanción.
Mientras tanto, el juicio oral por el caso Tía Chela avanza con la resolución de los incidentes planteados al inicio del debate, en una causa que tiene como eje la presunta manipulación de una contratación pública realizada durante la emergencia sanitaria y el supuesto perjuicio ocasionado al Estado.
