El Ministerio Público podrá agilizar el acceso a información del sistema financiero utilizada en investigaciones penales, tras la firma de un nuevo convenio de cooperación con las principales asociaciones que nuclean a bancos y entidades financieras del país.
El acuerdo fue suscripto por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Liz Cramer; y la presidenta de la Asociación de Bancos, Financieras y Entidades Afines (ABAFI), Teresa Gaona de Bobadilla.
Uno de los principales puntos del convenio establece la implementación de un “Protocolo de Solicitud de Información”, mediante el cual las unidades especializadas del Ministerio Público podrán realizar requerimientos a las entidades financieras utilizando canales electrónicos seguros.
El nuevo mecanismo busca reducir los tiempos de respuesta y facilitar que los investigadores accedan de manera más rápida a datos que puedan resultar relevantes para el esclarecimiento de hechos punibles.
Los pedidos podrán ser canalizados por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra el Narcotráfico y Crimen Organizado (UENCO) y la Unidad Especializada de Delitos Informáticos (UEDI).
Información financiera como elemento de investigación
Para los investigadores, contar oportunamente con información vinculada a movimientos y operaciones financieras puede resultar determinante en causas relacionadas con delitos económicos, hechos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado y delitos informáticos.
El protocolo incorporado como Anexo A contempla un procedimiento destinado a que las solicitudes de información sean gestionadas de forma electrónica, con mecanismos que permitan mantener la seguridad y trazabilidad de los requerimientos.
La finalidad es que el intercambio de información entre el Ministerio Público y las entidades del sistema financiero sea más eficiente, sin dejar de lado los mecanismos de seguridad correspondientes para el tratamiento de datos requeridos dentro de investigaciones penales.
Durante la firma participaron la fiscal adjunta de la UDEA, Nancy Salomón; la fiscal adjunta de la UENCO y la UEDI, Matilde Moreno Irigoitia; la directora de Política Criminal del Ministerio Público, Romina Toro Cardozo; y el director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Mario Müller Martínez.
Con este acuerdo, las instituciones buscan consolidar canales de cooperación que permitan responder con mayor rapidez a los requerimientos fiscales y fortalecer las herramientas utilizadas en la investigación de delitos que requieren el análisis de información financiera.
