El Ministerio Público presentó acusación contra el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens y pidió que enfrente juicio oral y público por hechos vinculados al fallido proyecto Metrobús. La Fiscalía sostiene que, durante su gestión al frente del MOPC, se produjeron decisiones y omisiones que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado de G. 14.955.317.035.
La acusación fue formulada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes atribuyen al exministro, en calidad de autor, la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
La tesis fiscal apunta a decisiones adoptadas tras asumir Wiens
Según el requerimiento conclusivo, la investigación permitió reconstruir la cadena de decisiones adoptadas desde agosto de 2018, cuando Wiens asumió la conducción del Ministerio de Obras Públicas.
Para los investigadores, su condición de máxima autoridad de la institución lo colocaba como responsable de la administración y resguardo de los recursos públicos afectados al Programa de Reconversión del Centro, Modernización del Sistema de Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, conocido como RU/BTR-Metrobús.
La Fiscalía sitúa el inicio de la secuencia cuestionada en la suspensión de los trabajos y en la firma del Acta de Entendimiento del 23 de octubre de 2018. A partir de allí, atribuye a la administración de Wiens la falta de ejecución de alternativas que, según la investigación, podían permitir la continuidad del proyecto.
Posteriormente se produjo la terminación del Contrato S.G. Ministro n.° 100/2016 y, de acuerdo con la acusación, la situación desembocó en la demolición de varias estaciones y en la utilización de bienes adquiridos para el Metrobús en actividades distintas a las previstas originalmente.
El perjuicio supera los G. 14.900 millones
El Ministerio Público cuantificó el daño patrimonial atribuido en G. 14.955.317.035.
La mayor parte corresponde a G. 8.030.693.029, suma que el Estado pagó por trabajos ejecutados en el marco del Acta de Entendimiento. Según la hipótesis fiscal, esas obras terminaron afectando y haciendo perder funcionalidad a infraestructura soterrada que había sido construida para el sistema de transporte.
El segundo componente asciende a G. 6.924.624.006, correspondiente al costo de construcción de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que posteriormente fueron demolidas.
No obstante, la Fiscalía precisó que la cifra no incluye un eventual perjuicio derivado del uso de otros bienes comprados específicamente para el Metrobús y que luego fueron destinados a otros fines. Ese concepto no pudo ser determinado económicamente durante la investigación, debido a la falta de elementos suficientes para establecer su cuantía.
Documentos, auditorías y pericias que sustentan la acusación
Durante la etapa preparatoria, los fiscales recopilaron documentos públicos y privados, contratos, resoluciones administrativas, informes de auditoría y técnicos, dictámenes especializados, actas notariales, antecedentes de organismos nacionales e internacionales y documentación relacionada con el proceso arbitral, entre otros elementos.
Con ese material, el Ministerio Público analizó la situación técnica, contractual, financiera y administrativa del proyecto cuando Wiens tomó el cargo de ministro. También identificó las obras, infraestructuras y bienes que ya habían sido ejecutados o adquiridos y que formaban parte del patrimonio estatal, financiado tanto con recursos públicos como con fondos provenientes de créditos internacionales.
La investigación, además, estableció que los desembolsos realizados por el MOPC a favor de la empresa contratista estaban respaldados por certificados correspondientes a trabajos efectivamente ejecutados. Para la Fiscalía, esto demuestra que los recursos desembolsados por el Estado se tradujeron en infraestructura que debía cumplir una función dentro del sistema Metrobús.
Con base en el conjunto de elementos reunidos, los agentes fiscales consideran que existen fundamentos suficientes para llevar el caso a debate oral, instancia en la que deberán ser producidas y sometidas a valoración las pruebas ofrecidas por las partes.
En consecuencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos que eleve la causa a juicio oral y público contra Arnoldo Wiens, donde se determinará si las actuaciones que se le atribuyen configuran los hechos punibles señalados en la acusación.
