La abogada Zully Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos fueron condenadas a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución, tras reconocer los hechos investigados. La causa se originó por mensajes intimidatorios dirigidos contra el director de El Observador por publicaciones vinculadas a la denominada “Mafia de los Pagarés”.
La Justicia condenó a Zully Concepción Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos a dos años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de coacción y amenaza, tras una investigación del Ministerio Público relacionada con intimidaciones contra un periodista y su equipo de trabajo.
La agente fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, tuvo a su cargo el proceso que culminó con la condena de ambas mujeres. El caso se vinculó directamente con una serie de publicaciones periodísticas sobre la denominada “Mafia de los Pagarés”, que habrían generado posteriormente una serie de mensajes intimidatorios dirigidos al director del medio El Observador.
La sentencia fue dictada por el juez Penal de Garantías de la Capital, José Agustín Delmás Aguiar, mediante la Sentencia Definitiva N.º 47. El magistrado declaró acreditada la existencia de los hechos y la responsabilidad penal de las acusadas.
Investigación por amenazas en redes sociales
La investigación fiscal comenzó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2025. A partir de ese momento, los investigadores analizaron publicaciones y comunicaciones difundidas desde distintos perfiles de redes sociales que contenían expresiones consideradas amenazantes y coactivas contra el periodista y personas de su entorno laboral.
El Ministerio Público desplegó una serie de diligencias para determinar quiénes estaban detrás de las cuentas utilizadas para emitir los mensajes. La pesquisa incluyó declaraciones testimoniales, informes técnicos, datos de telefonía, análisis de perfiles y cuentas de redes sociales, además de otros elementos incorporados a la carpeta fiscal.
La investigación también derivó en allanamientos autorizados judicialmente, durante los cuales fueron incautados dispositivos electrónicos que posteriormente fueron sometidos a análisis y utilizados como elementos probatorios dentro de la causa.
Uno de los puntos relevantes de la pesquisa fue la identificación del usuario de un perfil de Facebook denominado “Luis Alberto Quintana”, desde el cual se habrían realizado algunas de las publicaciones cuestionadas.
Según la investigación fiscal, la cuenta habría sido utilizada por Paredes Frutos, quien tenía acceso al teléfono celular de su entonces pareja. Desde ese perfil se habrían emitido mensajes dirigidos al periodista Carlos Benítez con el propósito de que cesara la cobertura periodística relacionada con la denominada “Mafia de los Pagarés”.
La sentencia tuvo en cuenta la actuación coordinada
La hipótesis presentada por la Fiscalía sostuvo además que Paredes Frutos habría actuado de manera coordinada con Ortiz García, en el contexto de las publicaciones periodísticas que eran objeto de cuestionamientos.
Esta tesis fue posteriormente recogida en la resolución judicial, que estableció la participación de ambas acusadas en los hechos investigados.
Durante la audiencia preliminar, las dos reconocieron los hechos atribuidos y solicitaron someterse a un procedimiento abreviado. Ante esta situación y considerando los presupuestos establecidos por la legislación penal, así como la expectativa de pena aplicable, el Ministerio Público prestó conformidad para la utilización de esta salida procesal.
El procedimiento concluyó con la imposición de una pena de dos años de prisión para cada una, aunque el juzgado dispuso la suspensión de la ejecución de la condena por el mismo periodo.
Restricciones y reparación del daño
La suspensión de la pena quedó condicionada al cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Entre ellas figura una medida especialmente vinculada a la protección de la víctima: ambas tienen prohibido acercarse o comunicarse, por cualquier medio, con el periodista afectado.
Además, deberán comparecer periódicamente ante el Juzgado de Ejecución y cumplir con las demás obligaciones establecidas por la resolución judicial.
Como medida de reparación del daño social, el juzgado dispuso que Ortiz García realice durante dos años una donación mensual de G. 2 millones al Centro de Salud de San José de los Arroyos.
En el caso de Paredes Frutos, la obligación será de G. 1 millón mensualmente, también durante dos años y a favor de la misma institución.
Finalmente, ambas fueron declaradas civilmente responsables por los hechos indagados.
