El juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas se puso en marcha este lunes en la causa en la que enfrenta acusación por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso, relacionada con las certificaciones utilizadas para acreditar su formación en la carrera de Derecho.
Al inicio del debate, el Ministerio Público planteó incidentes para solicitar la inclusión de nuevos elementos probatorios, pese a las dificultades que atravesó la investigación desde su apertura según afirmaron. La Fiscalía recordó que la imputación fue revocada en tres oportunidades, situación que incluso llevó al Ministerio Público a requerir en su momento un sobreseimiento provisional.
Ante el Tribunal de Sentencia, los fiscales sostuvieron que cuentan con elementos suficientes para demostrar la eventual responsabilidad penal de Rivas, pero consideraron necesario incorporar determinados testimonios así como otras evidencias para reforzar la hipótesis sostenida en la acusación.
Entre los testigos cuya incorporación fue solicitada figuran José Duarte, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); Óscar Pacielo, además del abogado Federico López Moreira, según lo planteado durante el inicio del juicio.
La causa gira en torno a las presuntas irregularidades detectadas en la documentación con la que Rivas habría acreditado haber cursado y culminado la carrera de Derecho entre los años 2010 y 2015. De acuerdo con la acusación fiscal, no existirían registros académicos suficientes que respalden que el entonces legislador haya cumplido efectivamente con dicho trayecto universitario.
La investigación cobró especial relevancia debido al uso que posteriormente se habría dado a los documentos cuestionados. Según la hipótesis del Ministerio Público, las certificaciones fueron utilizadas para realizar trámites de importancia institucional, entre ellos la obtención de la matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020.
Posteriormente, esa documentación también habría tenido incidencia en su designación como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La Fiscalía sostiene que Rivas no necesariamente habría elaborado personalmente los documentos cuestionados. La tesis acusatoria apunta a que, presuntamente, habría promovido o inducido su emisión mediante información que no se correspondería con su verdadera trayectoria académica, razón por la cual enfrenta cargos por producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
El debate oral deberá determinar ahora, a partir de las pruebas admitidas y las que eventualmente sean incorporadas, si la acusación fiscal logra demostrar la responsabilidad penal que atribuye al acusado. Como en todo proceso penal, Rivas mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
El Tribunal de Sentencia encargado del juzgamiento está integrado por las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo, y el juez Juan Carlos Zárate.
El proceso llega a esta instancia después de una serie de incidencias que marcaron la etapa preparatoria y que incluyeron las sucesivas revocatorias de la imputación y el pedido de sobreseimiento provisional planteado por el propio Ministerio Público. Ahora, con el juicio oral en marcha, las partes deberán confrontar sus respectivas teorías del caso ante el tribunal, que tendrá la responsabilidad de valorar las pruebas y determinar si existe o no responsabilidad penal.
