La defensa del ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación formulada por el Ministerio Público en la investigación por un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, al sostener que la Fiscalía centra las sospechas sobre su cliente sin individualizar la responsabilidad de los demás integrantes del Consejo de Administración, órgano que según afirmó, adoptaba las decisiones institucionales.
El abogado José Fernández Zacur manifestó que la imputación aún debe ser analizada en profundidad, especialmente en lo relacionado con las adendas al contrato investigado, al considerar que el documento fiscal no desarrolla el contenido específico de cada una de ellas.
«Hay que ver qué dice cada adenda, cosa que no dice la imputación. Él es el garante de los fondos del IPS, al igual que el resto de los consejeros. No hay ningún imputado aquí. Es importante conocer el contenido de la carpeta fiscal para obtener una mejor opinión con relación al hecho», expresó.
El profesional explicó que la prioridad de la defensa fue asegurar la comparecencia de su representado con las garantías previstas en el Código Procesal Penal y que recién ahora accederán a los elementos reunidos por la Fiscalía para ejercer una defensa sobre el fondo de la cuestión.
Fernández Zacur también puso énfasis en el funcionamiento administrativo del IPS, señalando que el presidente de la previsional no adopta decisiones de manera unilateral, sino en el marco de las determinaciones asumidas por el Consejo de Administración.
La investigación fiscal
El Ministerio Público imputó a nueve personas, entre ellas dos expresidentes del IPS y otros funcionarios que, de acuerdo con la investigación, ejercían funciones de administración, dirección, control y disposición sobre el patrimonio institucional durante la ejecución del contrato para la provisión de quirófanos modulares.
Además de la imputación por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de todos los procesados y requirió el embargo preventivo de sus bienes hasta cubrir G. 61.000 millones, monto que estima como el perjuicio ocasionado a la previsional. Para los dos primeros procesados que ya comparecieron ante el juez, fue dispuesta la libertad bajo fianza.
El origen del caso
La causa se inició a partir de una denuncia remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que detectó presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N.° 4 del Contrato N.° 6/2020.
Según la investigación, esa modificación contractual fue aprobada pese a que la Adenda N.° 3 presentaba observaciones no subsanadas relacionadas con los plazos de ejecución, el lugar de prestación del servicio, las condiciones contractuales y las modalidades de pago, lo que, para la Fiscalía, habría vulnerado disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.
La hipótesis fiscal sostiene que los funcionarios imputados autorizaron sucesivas adendas y firmaron actas de recepción que permitieron a la empresa adjudicada, Neighpart S.A., continuar percibiendo pagos pese a que el contrato no podía ejecutarse debido a la falta de planificación y a la indisponibilidad del espacio donde debían instalarse los quirófanos modulares.
Para el Ministerio Público, en lugar de suspender el contrato ante su imposibilidad de ejecución, los responsables habrían aprobado prórrogas y documentación administrativa que posibilitó desembolsos presuntamente injustificados, ocasionando un daño patrimonial estimado en G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social.
No obstante, la defensa de Jorge Brítez anticipó que una vez analizada íntegramente la carpeta fiscal responderá a cada uno de los fundamentos de la imputación y sostendrá su posición respecto a la actuación del entonces titular de la previsional y del Consejo de Administración durante la ejecución del contrato investigado.
