El Juzgado de Paz de Luque, uno de los despachos con mayor volumen de causas del país, comenzó a operar este miércoles con el Expediente Judicial Electrónico, convirtiéndose en el primer juzgado de Paz del departamento Central en incorporar plenamente la gestión digital de los procesos judiciales.
La implementación representa un paso importante dentro del proceso de modernización impulsado por la Corte Suprema de Justicia, ya que el despacho administra actualmente unos 12.400 expedientes activos, la mayoría vinculados a casos de violencia doméstica, lo que lo convierte en una de las dependencias con mayor carga laboral del sistema judicial.
El acto de puesta en funcionamiento fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendentes de la Circunscripción Judicial de Central.
Como inicio formal de la nueva modalidad de trabajo, la jueza de Paz de Luque, Karin Leite Zaracho, realizó la firma digital de los primeros expedientes electrónicos y anunció que continúa el proceso de vinculación de abogados y usuarios para la utilización de la plataforma.
Durante la actividad, el presidente de la Corte destacó que la digitalización constituye una política institucional orientada a brindar un servicio de justicia más ágil y transparente.
«Es la prueba más eficiente de que queremos que los procesos judiciales sean tramitados de manera transparente y facilitar el trabajo de los abogados, para que puedan litigar desde cualquier parte del mundo, cualquier día y a cualquier hora», expresó Martínez Simón.
Asimismo, aseguró que la transformación tecnológica continuará hasta alcanzar a todos los órganos jurisdiccionales del país.
«No vamos a parar hasta digitalizar toda la administración de justicia del país», enfatizó.
En tanto, el ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló que la incorporación de esta herramienta representa un avance significativo para responder con mayor eficiencia a las necesidades de la ciudadanía.
La implementación tecnológica y la capacitación de magistrados y funcionarios estuvieron a cargo de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), que acompañó la puesta en marcha del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.
