La Policía detuvo este miércoles a Rosa Colman, exfuncionaria de la Asesoría Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), quien figura entre las nueve personas imputadas por el fiscal Julio César Ortiz González en el marco de la investigación por un presunto esquema de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional.
La detención se produjo mientras las autoridades aguardan que comparezca el expresidente del IPS, Jorge Brítez, también imputado en la causa. En cuanto al también extitular de la previsional, Vicente Bataglia, el fiscal señaló que existen indicios de que se encontraría fuera del país.
La investigación se centra en presuntas irregularidades detectadas durante la ejecución del Contrato N.° 6/2020, correspondiente a la licitación para el reacondicionamiento, suministro e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS, adjudicada a la firma Neighpart S.A. por G. 53.000 millones.
Nueve imputados
El Ministerio Público imputó a nueve personas, entre ellas dos expresidentes del IPS y otros funcionarios que, de acuerdo con la investigación, ejercían funciones de administración, control, dirección y disposición sobre el patrimonio institucional durante la ejecución del contrato.
Además de la imputación por lesión de confianza, el fiscal solicitó la prisión preventiva de todos los procesados y requirió el embargo preventivo de sus bienes hasta cubrir la suma de G. 61.000 millones, monto estimado del perjuicio ocasionado a la previsional.
El origen del caso
La causa se inició tras una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que detectó presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N.° 4 del Contrato N.° 6/2020.
Según la investigación, dicha modificación contractual fue aprobada pese a que la Adenda N.° 3 presentaba observaciones no subsanadas relacionadas con cambios en los plazos, el lugar de ejecución, las condiciones de prestación y las formas de pago, en presunta contravención de la Ley de Contrataciones Públicas.
Prórrogas y pagos cuestionados
Los elementos reunidos por la Fiscalía, sustentados en informes de la DNCP y en una auditoría interna del IPS, indican que los funcionarios imputados habrían autorizado sucesivas adendas y firmado actas de recepción que permitieron a la empresa adjudicada seguir percibiendo pagos, pese a conocer que el contrato no podía ejecutarse debido a la falta de planificación y a que el área donde debían instalarse los quirófanos modulares no estaba disponible.
La investigación sostiene que, en lugar de promover la suspensión del contrato ante la imposibilidad de su ejecución, los responsables continuaron aprobando prórrogas y documentación administrativa que posibilitó desembolsos presuntamente injustificados a favor de la firma Neighpart S.A.
Para el Ministerio Público, estas actuaciones habrían generado un perjuicio patrimonial aproximado de G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social.
Con la detención de Rosa Colman, la Fiscalía avanza en la ejecución de las medidas solicitadas contra los imputados, mientras continúan las diligencias para lograr la comparecencia de los demás procesados.
