El Ministerio Público solicitó una condena de tres años de prisión para la exjueza Tania Irún, al sostener que incurrió en el delito de prevaricato al dictar una resolución que, según la acusación, contravino expresamente la Ley N.º 2532 de Seguridad Fronteriza.
El pedido fue formulado por el agente fiscal Christian Benítez durante la presentación de sus alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia integrado por las magistradas Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, junto con el juez Juan Francisco Ortiz, quienes tendrán a su cargo el veredicto.
Durante su exposición, el representante del Ministerio Público afirmó que la entonces magistrada omitió verificar aspectos esenciales antes de emitir su fallo y sostuvo que la decisión judicial favoreció indebidamente a las firmas demandantes.
«La jueza dictó una sentencia en la que se inobservó la Ley de Seguridad Fronteriza. No corroboró las entidades ni sus estatutos y declaró falsamente la representación de las firmas accionantes sin verificar dichas circunstancias. Si la acusada hubiera realizado el trabajo que correspondía, la decisión debió ser el rechazo de la demanda por violar la ley», argumentó el fiscal.
La acusación
La investigación tiene su origen en una sentencia dictada por Irún dentro es un litigio relacionado con inmuebles ubicados en la franja de seguridad fronteriza. Para la Fiscalía, la exmagistrada resolvió el caso en contradicción con la Ley N.º 2532, normativa que restringe la adquisición de propiedades situadas dentro de los 50 kilómetros de la línea limítrofe por parte de ciudadanos de países vecinos.
Con base en estos hechos, el Ministerio Público sostiene que la resolución judicial fue emitida en abierta contravención a una disposición legal expresa, configurándose así el supuesto delito de prevaricato.
La defensa sostiene que no existe delito
La defensa de Tania Irún a cargo del abogado Gustavo González Planás, en una entrevista exclusiva con nuestro medio, ya había adelantado la estrategia defensiva, cuestionando la solidez de la acusación.
El defensor sostuvo que no existe fundamento jurídico para atribuir responsabilidad penal a la exjueza, recordando que la resolución cuestionada fue confirmada por todas las instancias judiciales de revisión y actualmente se encuentra en etapa de ejecución.
Asimismo, argumentó que la propia Ley de Seguridad Fronteriza prevé la nulidad del acto jurídico como consecuencia de una eventual infracción, pero no establece sanciones penales para el magistrado que haya dictado una resolución posteriormente objetada.
Según la defensa, la vigencia y ejecución de la sentencia constituyen elementos que desvirtúan la hipótesis acusatoria y evidencian que la decisión judicial superó con éxito todos los mecanismos de control previstos en el sistema procesal.
Concluidos los alegatos de ambas partes, el Tribunal de Sentencia deberá deliberar y emitir su fallo sobre la responsabilidad penal de la exjueza en esta causa.
