El anuncio de una jornada de análisis sobre los nuevos desafíos del sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva generó la reacción del defensor público especializado en materia penal, Carlos Arce, quien cuestionó la distancia entre el debate académico y la realidad que, según afirmó, se vive diariamente en los tribunales.
El profesional comentó la publicación de Judiciales sobre la invitación a participar de la Jornada 2: “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), prevista para el próximo 20 de agosto, donde expertos nacionales e internacionales abordarán, entre otros temas, el uso excesivo de la prisión preventiva.
En ese contexto, Arce sostuvo que la problemática trasciende el plano teórico y advirtió que, en la práctica judicial, la aplicación de esta medida cautelar continúa siendo recurrente.
«El abuso de la prisión preventiva es un asunto que solo importa académicamente, ya que en los estrados judiciales importa poco o nada. Para los magistrados siempre es mucho más fácil aplicarla, mantenerla o confirmarla, aun cuando no sea necesaria o proporcional. Lo veo todos los días», expresó el defensor público.
Las declaraciones ponen nuevamente sobre la mesa el debate acerca del uso de la prisión preventiva en Paraguay, una medida cautelar que, conforme a los estándares constitucionales e internacionales, debe aplicarse de manera excepcional, fundada y proporcional, evitando que se convierta en una pena anticipada.
La jornada organizada por el CEJ reunirá a especialistas locales e internacionales para analizar los principales desafíos del sistema penitenciario, con especial atención al impacto que tiene el uso de la prisión preventiva en el hacinamiento carcelario y en la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal.
Las manifestaciones de Arce aportan la visión de un operador del sistema de justicia que litiga diariamente en defensa de personas procesadas, reavivando la discusión sobre la necesidad de fortalecer los criterios para la imposición de medidas cautelares y garantizar que la prisión preventiva mantenga su carácter estrictamente excepcional.
