El Ministerio Público inició una investigación penal para esclarecer la presunta destrucción de un inmueble perteneciente al Estado, ubicado en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Asunción, cuya entrega definitiva a la institución se encuentra en proceso tras haber sido adjudicado a su favor en el año 2003.
La causa fue asignada, mediante sorteo informático, a la Unidad Penal Barrial N.° 3, encabezada por la fiscal Raquel Andrea Vera Salerno, quien llevará adelante las diligencias destinadas a determinar cómo se produjeron los daños registrados en el predio, anteriormente utilizado como taller de la Policía Nacional.
La decisión de abrir la investigación surgió luego de que autoridades del Ministerio Público realizaran una inspección en el lugar y constataran el grave deterioro de las instalaciones. Durante el recorrido se verificó la desaparición de diversos elementos de la estructura, entre ellos techos de zinc, tinglados, puertas, marcos y otros materiales que formaban parte del edificio.
De acuerdo con los primeros antecedentes, la magnitud de los daños representa un importante perjuicio para el patrimonio público, razón por la cual la Fiscalía buscará establecer cuándo ocurrieron los hechos, quiénes tuvieron participación y si existieron responsabilidades por acción u omisión en la conservación del inmueble.
El caso adquirió especial relevancia debido a que el edificio será incorporado próximamente al patrimonio operativo del Ministerio Público. Sin embargo, al momento de la verificación, las autoridades encontraron gran parte de la infraestructura seriamente afectada, lo que obligó a impulsar una investigación para determinar las circunstancias que derivaron en su estado actual.
Como parte de las pesquisas también se analizará el hecho de que el inmueble continúa siendo ocupado por efectivos de la Policía Nacional, situación que será considerada dentro de la investigación para determinar eventuales responsabilidades relacionadas con el deterioro y la desaparición de bienes estatales.
Las primeras actuaciones estarán enfocadas en la inspección técnica del predio, la recolección de evidencias, la valoración de los daños ocasionados y la identificación de las personas que eventualmente habrían intervenido en la destrucción o sustracción de componentes de la infraestructura.
