Una denuncia realizada a través del servicio Fono Ayuda 147, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, fue el primer paso para poner en marcha una investigación que terminó con la condena de 25 años de prisión para un hombre hallado responsable del abuso sexual de sus dos hijas menores de edad.
El caso evidencia la importancia de los canales de protección y denuncia disponibles para niños, niñas y adolescentes, ya que la comunicación realizada el 29 de diciembre de 2024 permitió alertar a las autoridades, activar los mecanismos de intervención y dar inicio a un proceso que culminó con la sanción penal del agresor.
La condena fue dictada por un Tribunal de Sentencia integrado por el juez Edgar Lezcano, como presidente, y los magistrados Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel. La acusación estuvo a cargo de la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N.º 1 de Ciudad del Este.
La denuncia que rompió el silencio
Según los antecedentes expuestos durante el juicio oral, los hechos ocurrieron de manera sistemática entre 2023 y diciembre de 2024, en una vivienda ubicada en Minga Guazú. El condenado, de 57 años, aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con sus hijas para cometer los abusos.
La investigación determinó que el hombre ejercía además un entorno de sometimiento dentro del núcleo familiar, utilizando mecanismos de control y violencia contra otros integrantes de la familia. La madre de las víctimas y el hermano de las niñas también habrían sido víctimas de agresiones cuando intentaban enfrentar la situación.
La intervención se inició luego de la alerta recibida mediante el 147 Fono Ayuda, un servicio que cumple un rol clave en la recepción de denuncias y en la articulación de respuestas ante situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes.
Pruebas permitieron sostener la acusación
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios que permitieron demostrar la existencia de los hechos y la responsabilidad del acusado. Entre las evidencias documentales se incluyeron la denuncia realizada a través del servicio Fono Ayuda 147, informes policiales, documentos del Registro Civil, antecedentes penales y el registro de la entrevista realizada mediante Cámara Gesell, incorporada como anticipo jurisdiccional de prueba.
También fueron presentados informes médicos forenses, evaluaciones psicológicas elaboradas por el Centro de Atención a Víctimas y un estudio socioambiental, además de testimonios de vecinos, del hermano de las víctimas y de agentes policiales que intervinieron en el procedimiento.
El Ministerio Público destacó que la articulación entre la denuncia ciudadana, los servicios de protección y los órganos de investigación permitió avanzar en la búsqueda de justicia para las víctimas y reafirmó la importancia de recurrir a los mecanismos de ayuda ante cualquier sospecha de violencia o abuso contra niños y adolescentes.
El servicio Fono Ayuda 147 constituye una herramienta fundamental para recibir denuncias, brindar orientación y activar intervenciones de protección cuando existen situaciones que ponen en riesgo la integridad de menores de edad.
