La ministra de Salud, María Teresa Barán, alertó sobre el creciente impacto que tienen las acciones de amparo contra el Ministerio de Salud Pública, al señalar que la institución recibe entre 2.000 y 3.000 recursos judiciales por mes, una situación que, según afirmó, compromete la planificación y el uso eficiente de los recursos destinados a la atención sanitaria.
En declaraciones a la 1020 AM, la secretaria de Estado reconoció que el amparo constituye un derecho constitucional de los ciudadanos, aunque sostuvo que su utilización se ha vuelto excesiva.
«El amparo debe ser la excepción, no la regla», expresó Barán, al tiempo de afirmar que, en la práctica, este mecanismo «se transformó en un negocio y una herramienta» utilizada con mucha frecuencia para solicitar medicamentos y tratamientos.
La ministra explicó que las resoluciones judiciales obligan en muchos casos a redireccionar partidas presupuestarias previstas para programas de alcance masivo, como la compra de insulina para pacientes con diabetes, con el fin de adquirir fármacos de altísimo costo destinados a casos particulares.
«Eso pone en riesgo el funcionamiento normal del Ministerio de Salud», sostuvo, al advertir que el desafío consiste en garantizar la atención individual sin desatender las necesidades del conjunto de la población.
Barán también cuestionó la actuación de algunos profesionales de la salud al momento de indicar tratamientos de última generación. Según manifestó, existen médicos que recomiendan directamente medicamentos innovadores y de elevado costo sin seguir las alternativas terapéuticas establecidas en los protocolos clínicos.
En ese contexto, señaló que la cartera sanitaria impulsó la elaboración de nueve protocolos para los tipos de cáncer más frecuentes en el país, con el objetivo de establecer un orden en las opciones de tratamiento y racionalizar el uso de medicamentos de alto costo.
Asimismo, explicó que el Ministerio conformó equipos multidisciplinarios de especialistas para evaluar técnicamente las solicitudes relacionadas con medicamentos oncológicos, reumatológicos, dermatológicos y otros tratamientos complejos antes de autorizar su provisión.
Finalmente, la titular de Salud afirmó que también existe un componente ético que debe ser fortalecido dentro del sistema sanitario. Indicó que algunos profesionales prescriben directamente los medicamentos más costosos, lo que posteriormente deriva en acciones judiciales promovidas por los pacientes, quienes buscan acceder al tratamiento recomendado por sus médicos.
Barán recordó que existen terapias cuyo costo puede alcanzar entre 2.000 y 5.000 millones de guaraníes por paciente, por lo que insistió en la necesidad de equilibrar el acceso a tratamientos innovadores con una administración responsable y ético de los recursos públicos.
