En medio del debate sobre los mecanismos de control para el ejercicio de profesiones reguladas y ante cuestionamientos persistentes en los últimos años respecto a la formación académica de algunos profesionales del Derecho, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) presentó avances de una propuesta que busca incorporar un Examen de Competencias Básicas para egresados de la carrera de Derecho como requisito vinculado al acceso a la matrícula profesional.
La iniciativa fue expuesta durante una reunión de trabajo entre representantes de la ANEAES y el ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos.
De acuerdo con lo informado, la propuesta apunta a establecer un mecanismo de evaluación que permita verificar de manera objetiva si los egresados cuentan con los conocimientos, habilidades y capacidades mínimas necesarias para ejercer la profesión jurídica, más allá de la sola obtención de un título universitario.
Durante el encuentro, los técnicos de la ANEAES presentaron los fundamentos y alcances del proyecto, señalando que una evaluación basada en competencias permitiría medir no solo el dominio teórico del Derecho, sino también la capacidad de aplicar los conocimientos a situaciones prácticas, un aspecto considerado esencial para el desempeño profesional.
La propuesta adquiere especial relevancia en un contexto en el que se han generado dudas y cuestionamientos sobre la formación académica de algunas personas que lograron acceder a la matrícula habilitante para ejercer la abogacía. Casos que llegaron incluso a instancias judiciales reavivaron el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar que quienes accedan al ejercicio profesional cumplan efectivamente con los requisitos académicos y las competencias exigidas.
Según los impulsores de la iniciativa, la implementación de un examen de competencias contribuiría a elevar los estándares de calidad de la formación jurídica, fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia y garantizar que los nuevos profesionales cuenten con las herramientas necesarias para desempeñarse con idoneidad.
El planteamiento se encuentra actualmente en fase de elaboración y análisis técnico, por lo que deberá ser debatido con los distintos actores involucrados antes de avanzar hacia una eventual implementación. No obstante, la propuesta ya instala en la agenda pública la discusión sobre la necesidad de establecer mayores filtros para el acceso a la matrícula profesional y reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad en la educación superior.
