El defensor general, Javier Esquivel, presentará una nota al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, con el objetivo de impulsar mecanismos que permitan a las personas privadas de libertad sin condena ejercer su derecho constitucional al sufragio en futuros procesos electorales.
La iniciativa surge en atención a la situación de un sector que representa más del 60% de la población penitenciaria del país y que, pese a encontrarse bajo prisión preventiva, conserva sus derechos políticos al no contar con una sentencia condenatoria firme.
Según datos oficiales de la Defensa Pública, al 30 de mayo de 2026 la población penitenciaria nacional asciende a 20.488 personas privadas de libertad, de las cuales 19.320 son hombres y 1.168 mujeres. De ese total, aproximadamente el 60% se encuentra procesado sin condena, una realidad que coloca en debate la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos ciudadanos.
En ese contexto, la Defensa Pública destaca que ejerce la representación legal de alrededor del 92% de las personas privadas de libertad sin condena, circunstancia que la posiciona como una de las instituciones con mayor contacto directo con este grupo en situación de vulnerabilidad procesal.
La presentación ante la máxima autoridad electoral no busca únicamente plantear una reivindicación jurídica, sino también abrir un espacio de diálogo institucional sobre las alternativas viables para asegurar el acceso al voto de los internos procesados.
La Defensoría General sostiene que, considerando la magnitud de la población afectada y la responsabilidad institucional que ejerce sobre su defensa, resulta oportuno poner a consideración del TSJE los fundamentos legales y fácticos que respaldan la necesidad de avanzar en medidas concretas para garantizar este derecho.
La propuesta busca “visibilizar institucionalmente el escenario fáctico y legal” de las personas sometidas a prisión preventiva ante el órgano rector del sistema electoral, promoviendo una reflexión conjunta sobre las acciones que podrían desarrollarse dentro del marco de competencias de cada institución.
«Buscamos proteger los derechos de las personas privadas de libertad con argumentos legales, constitucionales y convencionales», sostuvo Esquivel.
Propuestas concretas
Entre las medidas planteadas al TSJE, la Defensa Pública propone en primer término la realización de jornadas de inscripción y actualización de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP) dentro de los establecimientos penitenciarios. El objetivo es que el padrón electoral refleje adecuadamente a la población penal que se encuentra legalmente habilitada para votar.
Asimismo, solicita analizar mecanismos para la instalación de Mesas Receptoras de Votos en los centros penitenciarios, garantizando condiciones de seguridad, transparencia y secreto del voto, conforme a las atribuciones constitucionales y legales de la Justicia Electoral.
Otra de las líneas de acción sugeridas consiste en el desarrollo de programas de capacitación y educación cívica, orientados a informar a las personas privadas de libertad sobre sus derechos electorales y el funcionamiento de las herramientas tecnológicas utilizadas en los comicios.
Finalmente, la Defensa Pública plantea la creación de una Mesa Técnica Interinstitucional, integrada inicialmente por representantes del TSJE y del Ministerio de la Defensa Pública, con el propósito de analizar aspectos normativos, operativos y logísticos que permitan avanzar en la implementación de estas medidas.
Debate sobre derechos políticos
La propuesta se enmarca en los principios constitucionales de presunción de inocencia y participación política, considerando que la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una sanción penal. En consecuencia, las personas procesadas sin condena mantienen, en principio, la plenitud de sus derechos políticos, salvo las restricciones expresamente previstas por la legislación vigente.
Con esta iniciativa, la Defensa Pública busca instalar en la agenda institucional el debate sobre la inclusión electoral de miles de ciudadanos que actualmente permanecen privados de libertad sin una condena firme, promoviendo mecanismos que permitan compatibilizar las exigencias de seguridad penitenciaria con el ejercicio efectivo del derecho al voto.
