La jueza Diana Cavallo dispuso el archivo de las denuncias presentadas contra el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, luego de que el Ministerio Público concluyera que no existió hecho punible en los traslados de personas privadas de libertad considerados de alto perfil.
Las causas se originaron a partir de denuncias formuladas por las juezas especializadas en materia penal María Luz Martínez y Rosarito Montanía, quienes habían comunicado al Ministerio Público un presunto desacato por parte del titular de la cartera de Justicia.
En el primer caso, la magistrada Martínez cuestionó el traslado no comunicado de Miguel Insfrán, alias «Tío Rico». Por su parte, la jueza Montanía denunció una situación similar relacionada con el traslado de una hermana de Javier Rotela, líder del grupo criminal Clan Rotela.
Según los antecedentes, ambas magistradas consideraron que los traslados se habrían realizado sin contar con la autorización judicial correspondiente, por lo que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.
Sin embargo, el Ministerio Público concluyó que no se configuró el delito de desacato ni otro hecho punible. De acuerdo con el criterio fiscal, el Ministerio de Justicia comunicó posteriormente las medidas adoptadas al órgano jurisdiccional competente y las demoras registradas respondieron a cuestiones administrativas.
Con base en esa conclusión, la jueza Diana Cavallo hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó el archivo de ambas denuncias, dando por finalizadas las investigaciones abiertas contra Nicora.
Las juezas denunciantes son reconocidas por su trayectoria en el fuero penal especializado.
