El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, mantuvo una reunión con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, para abordar una problemática que genera creciente preocupación en la previsional: el elevado costo de los amparos judiciales que obligan a la institución a cubrir prestaciones no previstas en su presupuesto.
Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron las consecuencias financieras que estos procesos judiciales tienen sobre las arcas del IPS, cuya erogación por este concepto ya supera los G. 11.000 millones. Según explicó Fretes, una parte importante de estas obligaciones corresponde a servicios y tratamientos que no forman parte de la planificación presupuestaria de la institución, comprometiendo seriamente su sostenibilidad.
El titular de la previsional señaló que la reunión permitió iniciar un trabajo coordinado con el Poder Judicial para encontrar alternativas que garanticen el derecho a la salud de los ciudadanos, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del IPS.
Como resultado del encuentro, se planteó la conformación de una mesa técnica multidisciplinaria integrada por representantes de la Corte Suprema, el IPS, el Ministerio de Salud Pública y universidades con hospitales universitarios. El objetivo será evaluar el alcance de los amparos judiciales y proponer mecanismos que permitan responder a las necesidades de los pacientes dentro de un marco legal y financiero sostenible.
Por su parte, el director Jurídico del IPS, Pablo Morínigo, sostuvo que la institución cumple con sus responsabilidades hacia los asegurados, aunque consideró necesario definir criterios más precisos sobre la participación de otras entidades estatales en los casos judicializados, especialmente cuando se trata de personas cuya condición de asegurado requiere una verificación adicional.
Martínez Simón expresó su respaldo a la creación de este espacio de trabajo interinstitucional, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la viabilidad de los servicios de salud.
Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre los distintos organismos del Estado será fundamental para garantizar respuestas oportunas a los pacientes y evitar que los amparos continúen generando un impacto que comprometa los recursos destinados a la atención de los asegurados.
