El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una causa penal para investigar denuncias relacionadas con una supuesta contratación y difusión de contenidos comunicacionales mediante campañas digitales que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado.
La decisión fue adoptada a través de la Resolución N.º 1937, mediante la cual también se conformó un equipo especial de agentes fiscales que tendrá a su cargo las diligencias investigativas del caso.
De acuerdo con los antecedentes consignados en la resolución, la investigación se origina a partir de una presentación realizada por los diputados nacionales Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo. Los legisladores solicitaron la intervención del Ministerio Público ante la presunta contratación y difusión de contenidos comunicacionales considerados ajenos al interés público mediante campañas digitales en plataformas de publicidad.
Asimismo, la resolución hace referencia a otra presentación formulada por el ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa, con patrocinio de los abogados Cecilia Pérez Rivas y Ezequiel Santagada. En dicho escrito se señala que recursos públicos destinados a programas de asistencia social habrían sido desviados mediante mecanismos de triangulación presupuestaria hacia una agencia de publicidad con sede en Colombia, con el supuesto objetivo de financiar campañas de hostigamiento digital dirigidas contra periodistas y figuras públicas.
Ante estos antecedentes, el Ministerio Público resolvió iniciar una investigación penal con el propósito de determinar la existencia o no de hechos punibles y esclarecer las circunstancias denunciadas. La institución recordó que, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, le corresponde impulsar la acción penal pública y reunir los elementos de convicción necesarios para el eventual ejercicio de las acciones judiciales correspondientes.
Para llevar adelante la investigación fue conformado un equipo integrado por las agentes fiscales Marlene Concepción González, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Laura Giacummo Fernández, de la misma especialidad; y Ruth, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos. La coordinación de los trabajos estará a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La resolución también dispone la remisión de los antecedentes a los fiscales designados para la realización de las actuaciones correspondientes y la comunicación formal ante las dependencias competentes.
Con esta medida, el Ministerio Público da inicio a una etapa investigativa destinada a verificar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir del análisis de las evidencias y actuaciones que sean incorporadas al proceso.
