Los Juzgados Penales de Garantías del país recibieron durante el año 2025 un total de 1.074 causas vinculadas a delitos que afectan la integridad y la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, se dictaron 487 sentencias condenatorias por este tipo de hechos, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección de Estadística Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
El informe señala que los casos fueron reportados en todas las circunscripciones judiciales del territorio nacional. Sin embargo, más de la mitad de los expedientes (58%) se concentró en los departamentos de Central, Capital, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro. La tasa de incidencia alcanzó las 50 causas por cada 100.000 menores de edad.
Entre los hechos investigados se incluyen diversas conductas tipificadas por la legislación penal vigente para proteger a la población infantil y adolescente. El delito con mayor cantidad de registros fue el abuso sexual en niños, contemplado en el artículo 135 del Código Penal y actualizado mediante la Ley N.º 7394/24. Esta infracción se ubicó entre las siete categorías delictivas con mayor número de ingresos durante el año.
Respecto a las condenas, las estadísticas reflejan que 487 personas fueron halladas culpables de delitos contra la indemnidad sexual de menores. La pena promedio impuesta fue de nueve años de prisión. Asimismo, el estudio revela que el tiempo medio transcurrido entre la apertura de la causa y la emisión de una sentencia condenatoria fue de aproximadamente cuatro años.
Las jurisdicciones con mayor cantidad de condenas fueron Central, con 120 fallos; Capital, con 71; y San Pedro, con 57. En conjunto, estas tres circunscripciones concentraron el 51% del total de sentencias registradas durante el periodo analizado.
Por otra parte, datos acumulados entre 2020 y 2026 muestran que el Registro Nacional de Agresores Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes (R.A.S.), establecido por la Ley N.º 6572, contabilizó 1.416 personas inscriptas. De ese total, 1.386 corresponden a hombres y 30 a mujeres.
La Corte Suprema de Justicia destacó que la difusión de estadísticas especializadas permite fortalecer la transparencia institucional y facilita el acceso de la ciudadanía a información relacionada con el funcionamiento del sistema judicial. Además, estos datos sirven como base para el diseño y evaluación de políticas públicas destinadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia.
La institución reafirmó su compromiso de continuar generando y publicando información estadística confiable y técnicamente sustentada, con el objetivo de promover la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública.
