La Justicia ordenó este martes la prisión preventiva del dirigente colorado Roberto Cubilla Sanabria, señalado por la Fiscalía como presunto integrante y articulador de una estructura dedicada a la transferencia irregular de bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio Gomes.
La medida fue dispuesta por la jueza Rosarito Montanía, quien resolvió que Cubilla guarde reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos, al considerar determinantes la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de fuga existente en la causa.
El político, de 51 años, fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Luque, en un operativo encabezado por agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y efectivos especializados de la Policía Nacional.
Según los investigadores, Cubilla sería el principal responsable de un esquema utilizado para concretar transferencias ilícitas de inmuebles mediante documentos presuntamente falsificados, maniobras con identidades de personas fallecidas y operaciones relacionadas con propiedades que se encontraban bajo medidas judiciales o restricciones legales.
Las pesquisas apuntan a que la organización utilizaba escribanías y estructuras administrativas para dar apariencia de legalidad a las operaciones, permitiendo mover bienes y activos de manera irregular.
Durante los procedimientos, las autoridades intervinieron cinco inmuebles de manera simultánea. En uno de ellos funcionaba una oficina identificada con el nombre del ahora imputado, donde se ofrecían servicios relacionados con compra y transferencia de propiedades, hipotecas y sucesiones. De acuerdo con los investigadores, el sitio también era utilizado como base política de su movimiento partidario.
La Fiscalía sostiene que detrás de la fachada comercial operaba una estructura dedicada al supuesto lavado y blanqueo de activos vinculados al crimen organizado.
Junto a Cubilla también fueron detenidos e imputados Roberto Santiago Ayala, de 58 años, y César García. Ambos procesados recibieron medidas menos gravosas y cumplirán arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones.
El caso se desarrolla en medio de una amplia investigación sobre presuntas redes dedicadas a mover bienes y activos vinculados a estructuras criminales, utilizando mecanismos fraudulentos para alterar registros y concretar operaciones patrimoniales ilegales.
