El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Pablino Barreto rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa del exsenador Erico Galeano, lo que impidió el tratamiento inmediato del pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Con la decisión, el incidente será remitido ahora a un tribunal de alzada para su análisis.
La defensa del exlegislador había planteado previamente una acción de habeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia y, sobre esa base, promovió la reposición cuestionando la legalidad del requerimiento fiscal. Los abogados sostienen que el pedido de prisión no corresponde dentro de la vía procesal utilizada por la Fiscalía.
Mientras el incidente queda pendiente de resolución en segunda instancia, la máxima instancia judicial también deberá pronunciarse sobre el Habeas Corpus Preventivo impulsado por Galeano, con el que busca evitar el cumplimiento de la condena de 13 años de pena privativa de libertad que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación criminal.
Durante el juicio oral, el Tribunal consideró plenamente acreditado que Galeano mantuvo vínculos con la estructura criminal encabezada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, señalados por la Fiscalía como líderes de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos.
La sentencia describe varias operaciones financieras y comerciales que, según los jueces, evidenciaron la participación del exparlamentario dentro del esquema criminal. Uno de los hechos resaltados fue la compra de un inmueble en el complejo Aqua Village por 210.599 dólares, monto que inicialmente no fue incluido en su declaración jurada patrimonial.
Posteriormente, esa propiedad fue vendida por un millón de dólares en efectivo en una operación que, de acuerdo con el fallo, habría tenido como finalidad ocultar la identidad del verdadero comprador, presuntamente vinculado al narcotráfico. Años más tarde, Galeano rectificó su declaración patrimonial consignando un valor considerablemente superior al declarado inicialmente.
El colegiado también concluyó que el entonces senador facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Insfrán y otros integrantes de la organización dentro del territorio nacional. Según las pruebas ventiladas en el juicio, la aeronave habría sido utilizada en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
Otro de los puntos centrales de la condena fue la recepción de importantes sumas de dinero que posteriormente habrían sido canalizadas hacia el Club Deportivo Capiatá. Para el Tribunal, estas inversiones constituyeron maniobras de lavado de activos, al introducir dinero de origen ilícito dentro de una estructura formal para otorgarle apariencia de legalidad.
El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo integrado, además de Barreto, por los magistrados Juan Dávalos Bogarin e Inés Galarza.
