El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N.º 6202/2018 sobre abuso sexual infantil, marcando un avance significativo en la protección de niños, niñas y adolescentes en Paraguay. La nueva reglamentación establece mecanismos concretos de prevención, atención integral y articulación institucional para fortalecer la respuesta del Estado ante casos de vulnerabilidad.
La medida se enmarca dentro del programa “Todos Somos Responsables” y permitirá la implementación efectiva del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, con el objetivo de garantizar una actuación coordinada entre las instituciones públicas.
La viceministra de la Niñez y la Adolescencia, Verónica Arguello, destacó la importancia de esta reglamentación y señaló que representa un paso fundamental para generar cambios reales en el sistema de prevención y protección de las víctimas. Explicó que, si bien la Ley 6202 ya se encontraba vigente, hasta ahora no contaba con una reglamentación que permitiera su aplicación efectiva.
Asimismo, indicó que la operativización de la normativa fue posible mediante el Decreto N.º 5970, impulsado gracias a la gestión del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y al liderazgo del presidente de la República. Según expresó, esta disposición “crea un antes y un después” en la lucha contra el abuso sexual infantil, atendiendo la magnitud de una problemática que continúa afectando a miles de niños y adolescentes en el país.
La reglamentación dispone que todas las instituciones del Estado deberán actuar de manera obligatoria, coordinada y no aislada ante casos de abuso sexual infantil. Entre las acciones previstas se encuentran la detección temprana de situaciones de riesgo, la asistencia médica, psicológica y social a las víctimas, así como mecanismos de seguimiento y acompañamiento integral.
Igualmente, la normativa contempla la articulación entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio Público y otras instituciones involucradas en la protección de la niñez. También refuerza los mecanismos de denuncia y protección para evitar la revictimización de las víctimas, además de establecer la capacitación permanente de funcionarios para garantizar una atención especializada.
Otro de los puntos centrales de la reglamentación es la implementación de campañas de concienciación comunitaria y protocolos de actuación en escuelas y centros de salud, con el propósito de detectar señales de alerta temprana y brindar respuestas oportunas.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca consolidar una política pública integral que permita fortalecer la protección de la niñez y adolescencia, promoviendo una respuesta estatal más eficiente, coordinada y centrada en los derechos de las víctimas.
