La abogada querellante Noelia Núñez presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad para intentar frenar la realización de un tercer juicio oral en un caso de coacción sexual y violación contra una adolescente. La presentación cuestiona el fallo que anuló una condena de 12 años de prisión dictada contra Axel Fabián López Orué y sostiene que una nueva audiencia expondría a la víctima a una grave revictimización.
La acción fue promovida contra el Acuerdo y Sentencia N.º 70 del Tribunal de Apelaciones Penal de Central, Segunda Sala, que había resuelto anular la condena y ordenar un nuevo juzgamiento. La querella considera que la resolución incurre en arbitrariedades y vulnera garantías constitucionales vinculadas a la protección de víctimas de violencia sexual.
Según el escrito, la joven ya atravesó dos juicios orales durante un proceso que se extiende desde hace más de nueve años. En el primero, el acusado fue absuelto por duda; posteriormente, en un segundo juicio, fue condenado a 12 años de cárcel con base en un amplio caudal probatorio, resolución que luego fue anulada por la Cámara de Apelaciones.
La querella sostiene que el fallo apelado priorizó “formalismos administrativos” por encima de los derechos de la víctima, al cuestionar la validez de un diagnóstico médico digital incorporado durante el juicio como medida de mejor proveer.
En la presentación ante la Corte, la abogada argumenta que someter nuevamente a la víctima a un juicio oral podría agravar el daño psicológico sufrido. El escrito menciona antecedentes de crisis de ansiedad, depresión, conductas autolesivas e incluso intentos de suicidio derivados del prolongado proceso judicial y de la exposición reiterada de la víctima ante el sistema penal.
“La víctima ya pasó por dos juicios orales y revivir nuevamente los hechos puede generar consecuencias irreparables”, sostiene parte de la argumentación presentada ante la Sala Constitucional.
La acción también plantea que el caso podría marcar un precedente sobre el alcance del derecho a la no revictimización en Paraguay, especialmente en procesos relacionados con violencia sexual contra niñas y adolescentes.
Además de solicitar la declaración de inconstitucionalidad del fallo de Cámara, la querella pidió una medida cautelar urgente para suspender cualquier convocatoria a un nuevo juicio oral mientras la Corte analiza el caso.
La defensa sostiene que la resolución impugnada desconoce estándares nacionales e internacionales de protección a víctimas y contradice principios constitucionales vinculados a la tutela judicial efectiva y al acceso a justicia con enfoque de derechos humanos.
