La intervención de la defensora pública en lo Civil del Primer Turno de la Capital, Leyla Centurión, permitió revertir la situación judicial de dos docentes que enfrentaban múltiples demandas por cobro de dinero en el marco de los conocidos casos de irregularidades de la mafia de pagarés.
Gracias a su gestión, seis juicios fueron declarados caducos, lo que derivó en el levantamiento de embargos sobre los salarios de las afectadas y la recuperación de cerca de G. 13 millones. Las docentes, oriundas de Itauguá y Ciudad del Este, habían sido incluidas en procesos judiciales tramitados en Asunción.
La defensora centró su estrategia en demostrar la inacción de las partes demandantes, logrando que los juzgados reconozcan la caducidad de los procesos por falta de impulso dentro del plazo legal. Además, impulsó incidentes clave que cuestionaban la validez de los documentos presentados y las irregularidades en las notificaciones.
Uno de los casos más relevantes involucró a una docente que enfrentaba cuatro demandas por montos que no coincidían con el préstamo que realmente había solicitado. A partir de las acciones legales promovidas, no solo se logró su desvinculación de los juicios, sino también la liberación de fondos retenidos en cuentas bancarias.
En otro expediente, correspondiente a una docente de Ciudad del Este, la actuación de la defensa pública permitió anular dos procesos y recuperar parte del dinero embargado, además de dejar sin efecto los descuentos salariales.
Desde el Ministerio de la Defensa Pública destacaron la importancia de este tipo de intervenciones, especialmente en casos donde las víctimas desconocen los mecanismos legales o enfrentan situaciones de abuso. La labor de la defensora fue fundamental para restituir derechos y frenar perjuicios económicos a las afectadas.
