El Ministerio Público adoptó una postura firme al solicitar la confirmación total de la condena de 13 años de prisión impuesta al senador Erico Galeano, al considerar que la sentencia dictada en su contra por lavado de dinero y asociación criminal se encuentra plenamente ajustada a derecho y respaldada por pruebas contundentes.
Los fiscales Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, y Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, pidieron al Tribunal de Alzada rechazar la apelación presentada por la defensa, argumentando que no existen fundamentos válidos para revisar el fallo.
Desde la Fiscalía sostienen que una lectura integral de la sentencia deja en evidencia que cumple con todos los requisitos legales exigidos, sin presentar errores ni omisiones que justifiquen su anulación. En ese sentido, remarcan que no se registran inobservancias ni aplicaciones incorrectas de la ley en la tipificación de los hechos ni en la determinación del grado de participación del condenado.
Para el Ministerio Público, el fallo está sólidamente construido sobre hechos comprobados durante el juicio oral, sustentados en pruebas “sólidas y contundentes” que fueron incorporadas de manera legal al proceso. Esta base probatoria, subrayan, descarta cualquier duda sobre la responsabilidad penal del legislador.
Los fiscales también cuestionaron la estrategia de la defensa, señalando que la apelación busca instalar artificialmente supuestos defectos procesales con el objetivo de forzar una revisión del caso. A su criterio, lo que realmente se pretende es reabrir el análisis de pruebas y decisiones que ya fueron debatidas y resueltas en instancias anteriores.
En esa línea, advierten que los argumentos de la defensa apuntan a una “valoración interesada” de las pruebas, algo que —según enfatizan— ya no corresponde en esta etapa del proceso. Por ello, insisten en que no existen causales de nulidad ni vicios que afecten la validez del fallo.
Con estos argumentos, el Ministerio Público reafirma su posición de que la condena debe mantenerse íntegramente, al considerar que refleja de manera adecuada la gravedad de los hechos vinculados al crimen organizado y la responsabilidad del condenado.
