El juzgado de Paz de San Lorenzo aplicó por primera vez la Ley N.º 7614/2025, conocida como normativa “antimafia de pagarés”, para anular un proceso judicial viciado de irregularidades y levantar un embargo que afectaba a un agricultor.
La decisión fue adoptada por el juez Hugo Agüero mediante el Auto Interlocutorio N.º 585, del 13 de marzo de 2026, tras constatarse graves fallas en un juicio ejecutivo promovido contra Eleuterio Ojeda Ojeda. El caso salió a la luz a partir de la intervención de la defensora pública Marta Ayala Franco, quien impulsó un incidente de nulidad.
Uno de los aspectos más llamativos del proceso fue la inexistencia del expediente. Informes oficiales del propio juzgado señalaron que, pese a una búsqueda exhaustiva, no se logró ubicar el documento en ninguna dependencia, ni tampoco figuraba en los registros de ingreso ni en las bases de datos judiciales.
A esta situación se sumó otro elemento clave: no existían constancias de que el demandado haya sido notificado del inicio del juicio, lo que vulneró su derecho a la defensa.
Ante este escenario, el magistrado resolvió declarar la nulidad de oficio de todas las actuaciones, retrotraer el proceso a su etapa inicial e intimar a la parte demandante a presentar nuevamente su escrito. Asimismo, dispuso el levantamiento del embargo que pesaba sobre un vehículo del afectado.
Si bien también se ordenó la devolución de sumas retenidas, esta medida no pudo ejecutarse debido a la falta de documentación del caso, lo que evidencia la magnitud de las irregularidades detectadas.
La resolución se sustenta en la Ley N.º 7614/2025, que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos y fue creada con el objetivo de combatir esquemas fraudulentos vinculados al uso indebido de pagarés. En particular, la normativa faculta a los jueces a declarar la nulidad de oficio cuando se verifiquen violaciones al debido proceso, así como a levantar medidas cautelares en casos donde los expedientes no puedan ser localizados.
La intervención de la Defensora Pública Marta Ayala Franco, fue clave para activar este mecanismo legal, permitiendo no solo restituir derechos al afectado, sino también marcar un precedente en la aplicación de la nueva ley.
Con esta decisión, el juzgado de Paz de San Lorenzo inaugura la implementación práctica de la normativa “antimafia de pagarés”, en un contexto donde este tipo de maniobras ha generado preocupación en el sistema judicial y en la ciudadanía.
