Tras permanecer seis años fuera del alcance de la Justicia, la captura de Dalia López vuelve a poner en el centro una duda incómoda: si esta vez terminará en una cárcel común o si su situación volverá a dilatarse.
La empresaria se encuentra actualmente con prisión preventiva, pero no en un penal, sino en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. La medida fue dispuesta por el juez Raúl Florentín, quien dejó claro que se trata de una reclusión transitoria.
El plazo está fijado: en un máximo de diez días debe ser trasladada al penal de mujeres “COMPLE”.
La detención se produjo el pasado jueves por la mañana en una vivienda de alto nivel en el barrio Herrera de Asunción, donde —según los intervinientes— la empresaria mantenía un perfil bajo.
Durante el allanamiento, las autoridades incautaron 440 millones de guaraníes y 220.000 dólares en efectivo, además de documentos y varios teléfonos celulares, elementos que ahora están bajo análisis del Ministerio Público.
El procedimiento se realizó en una residencia ubicada sobre la calle Moisés Bertoni, a escasos metros de una comisaría y de una sede fiscal, un dato que refuerza el nivel de exposición o confianza con el que se movía.
Al momento de su captura, López estaba acompañada por su pareja, Luis Alberto Gauto, y otra mujer. Según reportes oficiales, se encontraba bajo efectos de medicamentos y presentaba un estado físico deteriorado.
La pieza clave de un caso que sacudió al país
Dalia Angélica López Troche, de 55 años, estaba prófuga desde marzo de 2020, cuando fue señalada como parte central de la estructura que facilitó documentos falsos al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho, su hermano y su entorno.
Por ese caso, varias personas ya fueron condenadas a penas de entre dos y cinco años de prisión. Sin embargo, López logró mantenerse fuera del radar judicial durante todo ese tiempo, convirtiéndose en una de las fugitivas más buscadas del país.
Con su detención, el expediente se reactiva. La Fiscalía analiza las evidencias incautadas y no descarta abrir nuevas líneas de investigación, atendiendo la cantidad de dinero en efectivo que tenía en su poder la procesada.
