Hasta febrero de 2026, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) contabiliza 2.168 personas, de las cuales 33 son mujeres y 2.135 varones. Este registro, que permite llevar un control de quienes incumplen con la obligación de pagar pensiones alimenticias, ha expedido 133.941 certificados desde su creación.
El Redam tiene como objetivo garantizar que los responsables cumplan con sus obligaciones, y quienes figuran en él enfrentan restricciones en trámites administrativos, incluyendo la renovación de registros y otros procedimientos registrales. Es importante destacar que el servicio es gratuito, lo que facilita el acceso a la información para quienes la necesiten.
Hasta octubre de 2025, 114 personas fueron excluidas del registro, ya sea por regularizar su situación o por otras disposiciones legales.
Este registro se mantiene como una herramienta clave para asegurar que los menores reciban el sustento que les corresponde y para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La plataforma del REDAM se encuentra disponible en línea y de forma gratuita, las 24 horas del día, los siete días de la semana, y permite realizar consultas con solo ingresar el número de cédula de identidad paraguaya. En el caso de ciudadanos extranjeros, las consultas deben efectuarse en las oficinas de Antecedentes Judiciales habilitadas en las distintas sedes judiciales del país.
Para los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, la implementación de este registro ha sido fundamental, ya que se ha convertido en una herramienta eficaz para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, logrando que numerosos padres regularicen su situación con sus hijos e hijas.
Cabe recordar que encontrarse en situación de mora con la prestación alimentaria puede afectar significativamente al deudor en diversos trámites legales y administrativos, tales como la obtención o renovación de licencias, gestiones registrales, permisos o autorizaciones, tal como ha sido advertido en distintos comunicados institucionales.
Cumplir con la prestación alimentaria no solo constituye un deber legal, sino también un compromiso ético y social con el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes.
