El defensor público Juan Emilio Arce Amarilla resaltó el compromiso de la institución en la atención a personas afectadas por el esquema conocido como “mafia de pagarés”, subrayando que su labor responde tanto a un desafío profesional como a una responsabilidad social. Su compromiso lo llevó a levantar 32 embargos en causas relacionadas al esquema.
“En lo personal es un desafío y una obligación como servidor público seguir asesorando jurídicamente a las personas que acuden a la Defensa Pública para defender sus derechos”, expresó. En ese contexto, indicó que actualmente manejan un importante volumen de casos: “Tenemos aproximadamente 300 casos que estamos llevando en los juzgados de paz en Luque, Mariano R. Alonso y Areguá”.
El defensor también valoró el trabajo en equipo dentro de la unidad: “Gracias a los funcionarios Karen y Roberto que me ayudan en la unidad, seguimos con la misión de atender los derechos de las personas más vulnerables”.
Arce Amarilla explicó que la unidad civil especializada en estos casos fue creada recientemente. “La unidad civil encargada exclusivamente en los casos denominados ‘mafia de pagarés’ se creó hace poco más de un mes en la sede de Luque”, señaló. Añadió que su designación responde a una directiva institucional clara: “La misión que me encomendó el ministro de la Defensa Pública, Javier Esquivel, es la de atender a las personas vulnerables víctimas de este flagelo, escucharlas y orientarlas en sus casos”.
En cuanto al procedimiento aplicado, detalló que cada expediente es analizado minuciosamente: “Se toma intervención en cada causa en base a la Ley 7614/25 con el fin de analizar los expedientes, verificar si se encuentran físicamente en la secretaría del juzgado y constatar si existe alguna irregularidad procesal”. En caso de detectarse vulneraciones, indicó que se actúa en consecuencia: “Se plantea incidente de nulidad cuando se viola el derecho a la defensa”.
Asimismo, explicó el mecanismo utilizado cuando los expedientes no son ubicados: “En caso de la no ubicación dentro del plazo de 10 días, se solicita la reconstitución del juicio y el levantamiento del embargo ejecutivo mientras dure ese trámite de reconstrucción”.
Estas acciones ya han dado resultados concretos. Las resoluciones fueron obtenidas en expedientes tramitados ante el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, mediante la aplicación de la Ley N.º 7614/25, que permite sanear procesos cuando no se cumplen requisitos formales, como la localización de expedientes en los plazos establecidos.
Entre las beneficiarias se encuentran Teresa Zárate Núñez, Valentina Álvarez de Chaparro, Mónica Mabel Rambado Acosta, María Saturnina Ibarra Martínez, Ruth Esther Ayala de Enciso, Miriam Celeste Corvalán de Aguiar, Dominga Bogarín de Cuenca, Mirna Rocío Acosta Ramos y Miryan Elizabeth Páez Bogado, varias de ellas docentes y funcionarias del sector salud.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Teresa Zárate Núñez, quien enfrentaba 24 demandas ejecutivas, 21 de ellas en el citado juzgado. Ante la imposibilidad de localizar los expedientes dentro del plazo legal, se logró el levantamiento de los embargos que pesaban sobre ella desde hace varios años.
Los montos reclamados en estos procesos oscilaban entre G. 2.541.000 y G. 19.661.465. Con la intervención de la Defensa Pública, se suspendieron medidas que afectaban directamente los ingresos de las afectadas, permitiéndoles recuperar parte de sus salarios mientras avanzan los procesos de reconstrucción de los expedientes.
La labor de Arce Amarilla se desarrolla en los juzgados de Paz de Luque, Mariano Roque Alonso y Areguá, en el marco de una política institucional que prioriza la asistencia a sectores vulnerables, especialmente en casos vinculados a prácticas irregulares en mecanismos de cobro.
