El juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia, dio inicio a la audiencia preliminar para la exjueza de Paz del distrito de La Encarnación y otros acusados de integrar el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
La magistrada está sospechada de formar parte de un esquema de fraude mediante embargos salariales aplicados a funcionarios públicos activos y jubilados, en el marco de juicios ejecutivos tramitados sin la debida notificación a las partes afectadas. Junto a ella, otros procesados también comparecen en esta etapa, al término de la cual se definirá si la causa es elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación fiscal, Cibils habría tenido una participación activa en un entramado que operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción, donde se concentraba la mayoría de los expedientes de ejecuciones basadas en pagarés presuntamente falsos o manipulados.
El equipo fiscal está integrado por los agentes Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes sostienen que el esquema funcionaba con la colaboración de funcionarios judiciales, mediante el uso de resoluciones y notificaciones irregulares para ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.
Por su parte, la defensa de Cibils, representada por el abogado Rodrigo Yódice, cuestiona la solidez de la acusación del Ministerio Público. El profesional argumenta que el relato fiscal carece de precisión jurídica, ya que se atribuyen resoluciones sin especificar su naturaleza, estado procesal ni fundamento legal, además de no identificar con claridad a los presuntos beneficiarios o afectados.
Cibils enfrenta cargos por prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles vinculados a su presunta participación en este esquema.
Durante la apertura de la audiencia, el juez Estigarribia informó que instancias superiores ratificaron la fecha de la diligencia, reafirmando la continuidad del proceso. No obstante, se presentó una recusación que derivó en la suspensión momentánea de la audiencia.
El caso, ampliamente conocido en la opinión pública como la “mafia de los pagarés”, generó una fuerte conmoción institucional por la magnitud del esquema y la presunta implicancia de funcionarios judiciales en maniobras fraudulentas que habrían operado durante años.
A raíz del escándalo, la Corte Suprema de Justicia adoptó medidas administrativas y promovió propuestas legislativas orientadas a prevenir la repetición de hechos similares en el fuero de Paz.
Las investigaciones fiscales continúan y abarcan múltiples procesos derivados de la causa principal. El Ministerio Público ha obtenido testimonios clave que permitieron avanzar en la identificación de los responsables. Algunos implicados optaron por salidas procesales abreviadas a cambio de colaborar con la investigación.
Según estos testimonios, los jueces involucrados no solo habrían tenido conocimiento de las maniobras, sino que incluso exigían pagos mensuales por las notificaciones fraudulentas, configurando así un esquema de corrupción estructurada dentro del sistema.
