La defensa del legislador Erico Galeano solicitó al Tribunal de Sentencia su absolución, argumentando que el parlamentario no incurrió en ningún hecho punible en el marco del caso que investiga supuestos vínculos del senador con el crimen organizado ya que la fiscalía no logró probar los hechos atribuidos al acusado.
El abogado Ricardo Estigarribia se refirió específicamente a los vuelos que, según la Fiscalía, habrían realizado Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante prófugo uruguayo Sebastián Marset en el avión del legislador. Para la defensa, los registros documentales y las fechas disponibles desmienten las acusaciones del Ministerio Público.
“En ninguno coincide, forma parte del trabajo sesgado del Ministerio Público. Les advierto que lo escrito aquí no coincide con el cuadro, ¿de dónde adquirió la fiscalía esa información para sostener una mentira?”, declaró Estigarribia durante sus alegaciones finale
«El adquirió la propiedad antes de ser parlamentario. No tenía porque declarar. No tiene título por lo tanto no esta a su nombre. No tenía conocimiento de la existencia de un grupo criminal a la hora de la venta. El 14 de octubre del 2020 se vendió a Ramos. Recién el 22 de febrero del 2022 salió a luz el caso A Ultranza. La venta se realizo mediante intermediarios», sostuvo el defensor.
El abogado cuestionó también el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía había solicitado, junto con la condena de 17 años de cárcel, alegando que existía peligro de obstrucción a la investigación. “¿Qué más lo va a obstruir después de lo que se ha testificado?”, se preguntó Estigarribia, cuestionando la fundamentación del requerimiento fiscal.
El Tribunal de Sentencia deberá evaluar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía antes de emitir un fallo definitivo en el caso, que mantiene en tensión la escena política y judicial del país.
Galeano enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en el marco de su presunta colaboración con la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
De acuerdo con la acusación fiscal, el legislador habría facilitado su aeronave a los líderes de la organización para realizar desplazamientos dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos a cambio de dicha colaboración. Asimismo, se lo señala por la supuesta simulación de la venta de su vivienda, ubicada en el complejo Aqua Village, por un monto de USD 1 millón, a favor de Insfrán.
“El acusado no solo estuvo vinculado con la organización criminal mediante el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes, entre ellos Sebastián Enrique Marset Cabrera, un medio de transporte de su propiedad para movilizarse dentro del país”, sostiene parte del escrito de acusación leído durante la audiencia.
El Tribunal de Sentencia está integrado por el magistrado Pablino Barreto, en carácter de presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos, como miembros.
