El coordinador de la Oficina Técnica Penal Adolescente, Camilo Torres, encabezó una reunión con magistrados de la Circunscripción Judicial de Central para analizar la aplicación de medidas en el Fuero Penal Juvenil y evaluar ajustes en su ejecución.
Durante el encuentro se acordó instar al cumplimiento riguroso de los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, así como de las disposiciones contenidas en el Libro V del Código de la Niñez y la Adolescencia. Además, se planteó la necesidad de abrir una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Justicia y diseñar un programa de capacitación destinado a los distintos operadores del sistema.
Torres explicó que se solicitará formalmente al Ministerio de Justicia que en todos los centros educativos para adolescentes en conflicto con la ley se respete plenamente la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores. En particular, se insistirá en garantizar la separación efectiva de adolescentes procesados y aquellos que ya cuentan con condena.
El magistrado también subrayó la importancia de asegurar procesos adecuados de desintoxicación y de avanzar en la implementación real de centros de semilibertad, concebidos como espacios de transición hacia la reintegración social.
Desde la Oficina Técnica Penal Adolescente se remarcó que el eje central del sistema debe ser la reinserción, tal como lo establece el marco normativo vigente. En ese contexto, se valoró que el actual número reducido de adolescentes privados de libertad y el respaldo de instrumentos internacionales que promueven el uso excepcional de la prisión preventiva abren una oportunidad para impulsar mejoras estructurales.
Los jueces coincidieron en que los centros educativos no pueden limitarse a cumplir una función de custodia, sino que deben asumir un rol formativo y social, orientado a evitar la reincidencia, fortalecer el arraigo comunitario y recomponer vínculos familiares.
Como parte de la hoja de ruta, la próxima semana se prevé una reunión con el ministro y viceministros del Ministerio de Justicia, a fin de presentar los planteamientos y coordinar acciones conjuntas en la aplicación de medidas socioeducativas, correccionales y, cuando corresponda, privativas de libertad, siempre bajo el enfoque de reintegración.
Asimismo, se proyecta la realización de cursos especializados dirigidos a la Defensa Pública, el Ministerio Público, jueces de Ejecución y de Sentencia, además de otros actores del sistema, con el propósito de profundizar la correcta aplicación del procedimiento penal juvenil, que reconoce la condición de desarrollo del adolescente y establece un régimen de responsabilidad diferenciado al de los adultos.
Finalmente, Torres enfatizó que la articulación entre Fiscalía, Policía Nacional y demás instituciones resulta clave para unificar criterios, fortalecer la prevención de la reincidencia y consolidar un sistema juvenil que priorice la reinserción social.
