Una vez más quedó suspendida la audiencia preliminar en una de las causas vinculadas a la denominada mafia de los pagarés, que tiene como principal acusado al exjuez Víctor Nilo Rodríguez. La diligencia no pudo desarrollarse debido a una nueva recusación presentada contra el juez Rodrigo Estigarribia, quien entiende el expediente, lo que obligó a frenar el trámite hasta tanto se resuelva su competencia.
La recusación fue planteada por la acusada Gloria Morínigo, quien solicitó el apartamiento del magistrado al considerar que este inició la audiencia preliminar sin resolver previamente incidentes de suspensión pendientes. Ante esta situación, el juzgado dispuso la suspensión de la audiencia hasta que la instancia correspondiente defina si Estigarribia continuará al frente del proceso.
Víctor Nilo Rodríguez enfrenta dos procesos penales dentro del esquema investigado por el Ministerio Público, que apunta a una presunta estafa sistemática contra funcionarios públicos y jubilados, mediante el uso irregular de juicios ejecutivos basados en pagarés. El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a exmagistrados, funcionarios judiciales y particulares.
En la causa actualmente a cargo del juez Estigarribia, la Fiscalía sostiene que el exjuez habría dictado resoluciones judiciales favoreciendo de manera indebida a las partes demandantes, torciendo el derecho. Según la acusación, se habrían falseado hechos fundamentales del proceso, especialmente en lo referente a supuestas notificaciones a los demandados, quienes, en los expedientes, figuraban como debidamente notificados y ausentes a la audiencia de reconocimiento de firmas, cuando en realidad dichas notificaciones nunca fueron realizadas.
El Ministerio Público señala que, en al menos 28 expedientes, Nilo Rodríguez dictó 26 resoluciones judiciales los días 17 y 20 de enero de 2023, dando por reconocidas las firmas y ordenando la prosecución de juicios ejecutivos. Estas resoluciones habrían sido respaldadas con informes presuntamente falsos elaborados por la ujier Ingrid Prette, quien en 28 ocasiones informó como realizadas notificaciones en distintas ciudades del país.
Según la investigación fiscal, dichas notificaciones supuestamente se llevaron a cabo en Asunción, Capiatá, Caaguazú, Fernando de la Mora, Yataity del Norte, Ciudad del Este, Limpio y Areguá, todas en un lapso de apenas cuatro horas, lo que refuerza la sospecha de irregularidades y falsedad documental.
Mientras se aguarda la resolución de la recusación, el proceso vuelve a quedar en suspenso, sumando un nuevo retraso en una de las causas más sensibles que investiga el esquema de estafas judiciales conocido como la mafia de los pagarés.
