Cuestionan permisos otorgados a Areguá Forest y denuncian graves irregularidades ambientales

La abogada Alejandra Peralta Merlo lanzó duras críticas contra las autoridades ambientales y municipales por los permisos otorgados al proyecto inmobiliario Areguá Forest, al sostener que se incurrió en claras violaciones a las normas de ordenamiento territorial y a la legislación ambiental vigente.

“MADES otorgó la licencia en contra de la ordenanza municipal y la Municipalidad de Areguá concedió la habilitación sin licencia ambiental, pese a que la ley dice que es un requisito ineludible”, afirmó la profesional, al referirse a los actos administrativos que autorizaron el emprendimiento en la Compañía Isla Valle.

Peralta Merlo explicó que la zona donde se desarrolla el proyecto está clasificada como Sub-Zona de Interés Ambiental, lo que implica fuertes restricciones al uso del suelo para preservar los bosques nativos y la cuenca del Lago Ypacaraí. En ese sentido, remarcó que la normativa municipal prohíbe loteamientos de pequeña dimensión y construcciones de gran porte, condiciones que según indicó no fueron respetadas.

Otro punto que la abogada destacó es la deforestación de aproximadamente seis hectáreas de bosque nativo, que se habría realizado sin autorización del Instituto Forestal Nacional. Señaló que esta situación contraviene la ley que limita la transformación de áreas boscosas en la Región Oriental y recordó que informes oficiales ya constataron la inexistencia de planes de manejo forestal.

Asimismo, advirtió que el avance del proyecto no solo genera un impacto ambiental significativo, sino que también afecta actividades productivas que operan con licencias ambientales vigentes en la zona, alterando el equilibrio ecológico del área protegida.

Finalmente, Peralta Merlo alertó sobre los posibles riesgos para terceros, especialmente para eventuales compradores de lotes, quienes podrían verse involucrados en un emprendimiento cuestionado por presuntas irregularidades legales y ambientales.

Como antecedente, recordó que fue presentado un amparo constitucional con el objetivo de frenar el avance de la iniciativa inmobiliaria, mientras se analizan las responsabilidades administrativas y legales derivadas del caso.

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