La investigación versa sobre hechos de corrupción dentro de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), que habría provocado un grave perjuicio patrimonial al Estado, estimado preliminarmente en alrededor de G. 1.500 millones, según el avance de las diligencias fiscales.
El caso es llevado adelante por agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes imputaron a tres funcionarios del ente estatal por su presunta participación en un mecanismo fraudulento destinado a desviar fondos públicos hacia cuentas personales, mediante la manipulación de sistemas informáticos y registros contables.
De acuerdo con la investigación, el esquema habría consistido en simular pagos a la Municipalidad de Asunción, utilizando accesos indebidos a los sistemas financieros de Copaco. Los egresos eran registrados como supuestas obligaciones municipales, pero el dinero terminaba siendo transferido a cuentas particulares de funcionarios y terceros, distorsionando por completo el destino real de los recursos.
Entre los imputados figura, Osmar Cañete Roa gerente administrativo financiero, señalado como principal responsable, imputado por los hechos punibles de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos. También fue imputado y Roque Valdez el jefe del Departamento de Tesorería, en carácter de presunto cómplice, y un funcionario del área de informática, acusado de alterar datos relevantes en los sistemas contables de la institución.
Las irregularidades salieron a la luz a inicios de enero de 2026, cuando se detectaron facturas supuestamente emitidas por la Municipalidad de Asunción con montos muy superiores a los habituales. Al profundizar las verificaciones, se constató que varios registros habían sido eliminados o modificados, aunque las pistas de auditoría del sistema permitieron reconstruir parte de las operaciones.
Asimismo, se identificaron documentos inconsistentes, con diferencias en montos, numeración y cantidad respecto a los registros originales, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de un esquema sistemático de manipulación contable.
Ante la gravedad de los hallazgos, la máxima autoridad de Copaco ordenó una auditoría interna, que permitió detectar transferencias realizadas entre 2023 y 2025 desde cuentas institucionales hacia cuentas personales, inicialmente cuantificadas en más de G. 1.100 millones, aunque los investigadores no descartan que el monto total del perjuicio ascienda a unos G. 1.500 millones, a medida que avance el análisis de las operaciones.
La imputación fue presentada por un equipo fiscal designado por el fiscal general del Estado, integrado por las agentes Belinda Bobadilla y Laura Giacummo, quienes además solicitaron la aplicación de medidas cautelares, considerando la magnitud del daño ocasionado y los elementos de sospecha reunidos.
La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar todas las responsabilidades penales y establecer el alcance total del presunto desvío de fondos, que representa uno de los golpes más severos al patrimonio de una empresa pública en los últimos años.
