Cecilia Pérez Rivas, abogada de una de las víctimas de la mafia de los pagarés, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la remisión de los antecedentes de la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, quien se encuentra acusada por estafa en el mismo expediente que involucra a la jueza Analía Cibils, así como en otros procesos.
De acuerdo con la presentación, mediante un auto interlocutorio dictado en setiembre de 2025 se impusieron a la imputada medidas cautelares que suspendieron la prisión preventiva. No obstante, se destaca que la profesional ya se encuentra acusada en una segunda causa penal, vinculada a hechos de prevaricato y producción de documentos públicos de contenido falso, actualmente en trámite ante un Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, encontrándose pendiente la audiencia preliminar.
En el escrito, la representante legal recuerda que la Acordada N° 1597/2021 establece el deber de comunicar al Consejo de Superintendencia aquellas situaciones en las que abogados u otros auxiliares de justicia se hallen imputados en procesos penales, especialmente cuando los hechos puedan comprometer el ejercicio profesional o la ética de la abogacía.
Asimismo, se menciona que la Corte Suprema de Justicia ha requerido información relacionada con abogados y auxiliares de justicia imputados en el esquema conocido como “mafia de los pagarés”, a fin de que el Consejo de Superintendencia intervenga en su carácter de autoridad disciplinaria. Sin embargo, conforme a lo verificado en el expediente electrónico, no constaría hasta la fecha la remisión de los antecedentes del caso.
Ante esta situación, la querellante solicita que se ordene formalmente la remisión de los antecedentes al Consejo de Superintendencia, para que dicho órgano tome conocimiento de los hechos y evalúe la eventual adopción de medidas disciplinarias, en resguardo del correcto ejercicio profesional y del sistema judicial.
Lourdes Rocío Aranda, abogada y exasesora jurídica de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), está imputada por el fiscal Luis Piñánez en el marco de una investigación por presunta estafa dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
La causa se originó a partir de la denuncia de Luciana Bernadet Torres, enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, quien en 2018 fue notificada de una supuesta deuda de G. 3.721.000 con Amuclin. Según su testimonio, canceló dicho monto y recibió el comprobante correspondiente.
Sin embargo, en 2023 descubrió que desde su cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) se le estaban realizando descuentos mensuales, por orden judicial, en concepto de una deuda que actualmente asciende a G. 41 millones. La demanda fue promovida por Julia Mabel Acosta Rojas, quien alega ser la titular del derecho de cobro de la ya disuelta mutual.
Bernadet asegura no haber firmado nunca un pagaré ni tener relación alguna con esa deuda millonaria. Desde diciembre de 2024, sufre descuentos mensuales de G. 1.456.253, lo que afecta directamente sus ingresos jubilatorios.
Para el Ministerio Público, detrás de esta maniobra estaría Lourdes Rocío Aranda, quien habría tenido un rol clave facilitando documentos y procedimientos presuntamente irregulares durante su paso por la asesoría jurídica de Amuclin. La Fiscalía sostiene que se trata de un caso más vinculado a una estructura de estafa basada en el uso de pagarés falsificados o inexistentes, y que la mutual nunca funcionó como entidad crediticia, sino que ofrecía asistencia al personal mediante servicios como la compra de víveres o ropa a crédito.
