El combate al crimen organizado registró avances significativos durante el año 2025, especialmente en el plano patrimonial. Según el informe anual del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Policía Nacional, las acciones desarrolladas permitieron una afectación económica total estimada en G. 27.855.065.393, equivalentes a aproximadamente USD 4.110.809, producto de la incautación de bienes vinculados a actividades ilícitas.
Este resultado constituye uno de los logros más relevantes del periodo, al representar un incremento del 129 % en comparación con el valor de los bienes incautados durante el año 2024. De acuerdo con el reporte, este crecimiento refleja una estrategia sostenida y focalizada en debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales mediante la reducción de sus recursos financieros, logísticos y materiales.
Las investigaciones impulsadas por el Departamento Contra el Crimen Organizado abarcaron una amplia gama de hechos punibles, destacándose por su frecuencia, complejidad operativa y el impacto generado en las estructuras delictivas. Entre los principales delitos investigados figuran el tráfico ilícito de armas y municiones, el narcotráfico y los delitos conexos, el robo agravado y la asociación criminal, la producción de documentos no auténticos y falsificación, así como los delitos económicos y hechos de corrupción.
Asimismo, los trabajos investigativos confirmaron la presencia en territorio paraguayo de líderes de organizaciones criminales internacionales, lo que reafirma el carácter transnacional de las amenazas enfrentadas. Entre las estructuras identificadas se encuentran el Primer Comando da Capital (PCC), facción criminal instalada en el país desde hace varios años, y el Primer Comando Catarinense, cuya actividad evidencia la expansión regional de estos grupos y el uso del Paraguay como punto estratégico para operaciones ilícitas de alcance internacional.
El informe concluye que los resultados obtenidos durante el 2025 refuerzan la importancia del enfoque patrimonial en la lucha contra el crimen organizado, al golpear directamente las fuentes de financiamiento que sostienen estas redes delictivas.
